Investigación.

Jorge Glas, presidente del directorio del Fondo de Solidaridad (FS), advirtió ayer que el Gobierno prepara algunas demandas penales en contra de Odebrecht “que podrían presentarse, a más tardar, hasta la siguiente semana”.

El funcionario no especificó en contra de quiénes y cuántos procesos se iniciarán en el país.

Además, añadió Glas, “están definidos los estudios jurídicos internacionales que enfrentarán los arbitrajes en Brasil y Ecuador.

La compañía que enfrentará los litigios “a los que tenemos derecho” es Hidropastaza, como concesionaria de la central hidroeléctrica San Francisco, obra que está en discusión, expresó Glas.

La central entró en revisión tras salir de operaciones el 6 de junio pasado por fallas estructurales: daños en los rodetes, fisuras en los túneles y excesos de sedimentos.

Los estudios jurídicos internacionales contratados para la defensa externa son: Hogan & Hartson, de Estados Unidos; y Electroconsul (ELC), de Italia.

Para el enfrentamiento internacional la autoridad esperará los informes de auditoría que están próximos a emitir la Contraloría General del Estado y la propia concesionaria Hidropastaza.

Los resultados de tales revisiones se esperan hasta la siguiente semana, según Glas.

La autoridad de control emitió un primer informe, en el que encontró responsabilidades en cuatro instituciones, entre ellas, el Consejo Nacional de Electricidad (Conelec) y la misma Hidropastaza.

Odebrecht es una empresa brasileña que tuvo a cargo la construcción de la central hidroeléctrica San Francisco, de 230 megawatios (Mw), aunque Ítalo Centanaro, presidente de Hidropastaza, afirmó en distintas ocasiones que la compañía nunca llegó a producir en todo su potencial.

La central hidroeléctrica, que entró en operaciones a inicios de octubre, abastece al mercado nacional con el 12% del total de la electricidad que se consume en el país.

ANTECEDENTES: Juicio por estafa

El presidente Rafael Correa advirtió el miércoles pasado que someterá a juicio por estafa a empleados de Odebrecht y a los funcionarios ecuatorianos responsables de las irregularidades detectadas en los proyectos a cargo de la constructora brasileña.