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MARTES | 11 de noviembre del 2008 | Guayaquil, Ecuador
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Encontrándole sentido al robo y la violencia

Hace un par de días me convertí en estadística: me asaltaron. A plena luz del día y acompañada de mis hijos, dos personas en una moto me quitaron todo lo que traía conmigo. Porque soy quien soy y no lo puedo evitar, mi primer instinto es encontrarle sentido al acto. Porque soy pacifista,  me cuesta entender la violencia, pero intento.

De la filosofía budista, uno de los principios que me acompaña siempre es que por los enemigos hay que rezar una oración especial, pues están aquí para enseñarnos algo. Por eso cuando los vi alejarse con mi cartera y mi reloj, dije una oración por ellos, mis maestros, y esta nueva sabiduría que me vinieron a entregar.

Como dije, trato de hacer un balance positivo de la situación, de encontrar cómo de alguna manera, producto de este acontecimiento “poco feliz” para mí, alguien se beneficia de un acto tan violento y tan traumático, y así el universo de alguna manera se equilibra.

Me acuerdo de que cuando se bajó uno de ellos de la moto noté que era “gordito”, razón por la cual deduzco que no se trataba de “robo famélico”, que hubiera sido para mí, evidentemente, más fácil de aceptar. También recuerdo que me miró con ojos de que yo no le caía bien... y eso que nos acabábamos de conocer.

Me pareció también que en él no había rastro de culpa, más bien, como que le acompañaba un sentimiento de estarse llevando algo a lo que tenía derecho. Pensé que eso quizás se debía a que para él yo soy “la mala de la película”; de hecho, yo soy la culpable de su pobreza y de su ignorancia. Yo cumplo los requisitos todos: el carro, la ropa, el reloj, me delatan ante él como la responsable de las injusticias sociales en el Ecuador. La culpable de su ignorancia; la culpable de su desempleo y, por ende, de que él robe.
No solo porque así lo quiere creer él, sino porque tiene mucho tiempo ya oyéndoselo decir a su propio Presidente, quien además parece no tiene muy claro el concepto de propiedad privada, a mucha honra de él.

Recorro mentalmente qué se llevó, me dejaría tranquila descubrir que el beneficio obtenido por ellos es al menos similar al daño ocasionado: se llevó un poco de dinero, que de algo le ha de servir; se llevó mi billetera con tarjetas de crédito, todas anuladas ya; se llevó mis documentos y con ellos el tiempo que me va a tomar obtenerlos de nuevo; se llevó mi Ipod, ojalá y disfrute mi música tanto como yo; se llevó unas fotos de mis hijos que espero las encuentre tan lindas como las encontraba yo; se llevó mi Blackberry con mucha información importante solo para mí... Se llevó mi reloj, quizás lo venda y alguien le dé por él lo que vale, y eso le sirva de alguna manera para reducir las diferencias sociales entre él y yo; quizás con eso resuelva la educación de sus hijos, quizás así hace sentido. Quizás así hace sentido de que sea ladrón. Quizás así hace sentido de que se robó nuestra tranquilidad.

Caridad Wright Arosemena,
Guayaquil

La Función de Control Social
La Función de Transparencia y Control Social no debe caer en manos de grupos de poder.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es uno de los órganos de mayor importancia, según la nueva Constitución, pues será quien nombre a los demás entes de la Función de Transparencia y Control Social, y desempeñará una serie de funciones relacionadas con la participación social, el control de la función pública, la lucha contra la corrupción, etc.; todas ellas de trascendental importancia que requieren que sus integrantes cuenten con: 1.- Alta capacidad (nivel académico y experiencia). 2.- Imparcialidad (independencia de todo ente político, empresarial, gremial, etc.). 3.- Probidad notoria (idoneidad ética y moral).

Por lo mencionado, es preocupante que el CPCCS se pueda conformar por personas incompetentes, parcializadas  o de dudosa moral, que por cualquiera de estas causas terminen obedeciendo a intereses de facto y perjudicando a la nación, pues recordemos que la creación de este órgano, que junto a otros conforma lo que se ha denominado quinta función del Estado, obedece a la necesidad de despolitizar, descorporativizar y desgremializar estos organismos de control del Estado e instituciones que antes eran elegidas por el Poder Legislativo,  el cual era un instrumento de los grupos de poder político, económico y gremiales.

Preocupa que se esté patrocinando el reparto de las consejerías de Participación Ciudadana entre organizaciones, que si bien tienen  el derecho de postular candidatos,  no debe ser por representación de sectores ni número de adhesiones que se elija a los integrantes, sino por los méritos antes mencionados, los cuales deben constar de forma taxativa y valorativa en el reglamento, para que tanto los postulados como sus postuladores sepan con claridad las reglas de juego y  se puedan realizar las impugnaciones y las veedurías  ciudadanas que la Constitución faculta.
Pretender dividir las postulaciones dando cuatro espacios a las organizaciones sociales y tres a la ciudadanía  no organizada es pervertir los principios constitucionales, pues a las primeras se les pone una serie de condiciones, cuando la Constitución (Art. 96) reconoce todas las formas de organización de la sociedad por igual, y estas jamás estarán por encima de la sociedad no organizada que en número es muy superior.

Desconocer cualquiera de las observaciones  realizadas es condenar  a que los organismos de la Función de Transparencia y Control Social estén llenos de funcionarios mediocres y aborregados, que debilitarán las instituciones, pues la suma de los elementos es la que hace la calidad del conjunto, entonces las instituciones seguirán siendo controladas por grupos de interés que en la mayoría de los casos serán afines a los gobiernos de turno y siempre en perjuicio de la ciudadanía, supuesta beneficiaria de esta nueva función del Estado.

William Sánchez Aveiga,
Guayaquil
La meritocracia en crisis
La democracia se ejerce en un país cuando las instituciones del Estado, apartándose de la politiquería comprometida en pagar favores y beneficios, practican la meritocracia para sustentar y hacer más eficiente su estructura organizacional, administrativa, legal y de producción. No está mal que los directivos de turno en una institución busquen la colaboración de sus coidearios en puestos de responsabilidad, pero se hace necesario garantizar el libre acceso a estos de personas y profesionales técnicamente preparados para cumplir con la obligación de prestar servicios públicos de calidad en beneficio de la sociedad y el país.

Apoyar la campaña electoral no es mérito ni currículum para que personas sin la preparación necesaria ingresen a una institución sin haber participado en un concurso de merecimientos en igualdad de condiciones.
La meritocracia es “el conjunto de normas, políticas, métodos y procedimientos tendientes a evaluar competitivamente la idoneidad de los aspirantes” a un cargo público, mecanismo de selección que obligatoriamente debe aplicarse en todas las instituciones del país. Cuando se eluden estos procesos de selección, los más audaces acceden a cargos de responsabilidad para realizar actividades que desconocen; los organismos de control están en la obligación de supervisar concursos y ascensos para  desterrar toda forma de corrupción a pretexto de pagar favores.

Rodrigo Contero Peñafiel,
Quito
Seguridad en 50 días

Manejar la difícil situación de la inseguridad en el país y buscar los medicamentos emergentes para solucionarlos no requiere de un plazo tan corto de 50 días; por eso el Comandante General de la Policía Nacional, con mesura e inteligencia, manifestó que, pase lo que pase, él presenta en el mes de diciembre su retiro voluntario de las filas policiales.

Este mal endémico de la delincuencia es parecido al cáncer: primero se lo somete a tratamientos de quimioterapia por mucho tiempo, si no se tienen resultados se lo debe extirpar. Y si esta enfermedad se ha enraizado en otros órganos internos, ningún facultativo lo puede salvar, el enfermo debe morir.

El señor Presidente da un plazo hasta diciembre y, sin querer ser agorero, este es el mes en el que más prolifera la delincuencia, en razón de que todos queremos llevar un presente a nuestros hogares, degustar la cena navideña y de fin de año, y contentar a nuestras familias. Y con la desocupación, la crisis económica y moral, no queda otro recurso que apropiarnos del bien ajeno.

Para combatir la delincuencia se deben programar planes y lineamientos inmediatos a corto, mediano y largo plazo. A la desocupación, a la crisis económica, a la migración, a los hogares abandonados, etc., no los podemos combatir con más policías, con más armamento, este problema social debe ser combatido con trabajo, educación, salud, alimentación y con leyes justas e inteligentes que no sean compradas por el dinero.

Apruebo los operativos policiales en las diferentes zonas, que la Policía Nacional conoce y que las tiene demarcadas en sus planos urbanísticos; el combate frontal a los “cachineros”, pero en especial a quienes les venden los objetos robados; pedir a los honestos ciudadanos, que defienden su negocio, su vivienda y su familia, que se desarmen sería lo más injusto; para ejemplo: las batidas que ha realizado la Policía Nacional han decomisado armas a los pandilleros y a ciertos guardias de empresas deshonestas y que están al margen de la ley.

Es necesario y urgente, y de acuerdo al índice poblacional, aumentar el número de elementos policiales, pero también brindarles todo el material técnico y logístico que ellos necesitan, así como cuarteles con dignas formas de vida; que se invite a toda la juventud ecuatoriana, de Costa, Sierra y Oriente, para que se enrolen a las filas policiales y cumplan con el sagrado deber de trabajar con honor, disciplina y lealtad.

También, la ciudadanía tiene el deber moral de informar con valentía los actos delincuenciales y vandálicos, caso contrario es parte de la inmoralidad.

Insisto, no desechemos el aporte generoso de las empresas de seguridad privada, como medios de información y colaboración con la Policía Nacional, así como la participación en estos foros o planes de seguridad ciudadana.
Al haber aperturado las fronteras del norte y del sur se nos infiltraron elementos nocivos (FARC y Sendero Luminoso) que son parte de las bandas delincuenciales que han azotado con fuerza al comercio, la banca y la industria.

Muy de acuerdo, señor Premier, con que se establezcan controles rigurosos en las fronteras, puertos y aeropuertos.

No quisiera estar en los zapatos de quienes tienen el deber ineludible de bajar el índice delincuencial hasta el mes de diciembre.

Franklin Gallegos Avilés,
Guayaquil

Dejemos el pasado atrás’

Para producir cambios en el Ecuador primero se debe dar el ejemplo. La campaña del Gobierno central es buena en el sentido de que mencionan cambios que la mayoría de ecuatorianos deseamos, como erradicar el regionalismo, desaparecer la ‘hora ecuatoriana’, entre otros males que se han hecho costumbre en nuestro pensamiento.

El cambio debe darlo el Gobierno central en su actitud. Se comentó en una de las cadenas radiales sabatinas que 25% del impuesto a la renta donado por la ciudadanía le pertenece al Estado, lo cual es cierto, pero el Estado le pertenece a todos sus ciudadanos y somos nosotros los que tenemos el derecho de decidir qué se debe hacer con nuestro dinero, por lo tanto, el 25% puede ser entregado a quien consideremos que mejor va a utilizar estos recursos, pero hay que aclarar que el 75% del impuesto a la renta le llega al Estado.

La mayoría de ecuatorianos deseamos que todas las ciudades progresen, pero también debemos entender que hay ciudades que llevan un ritmo mayor de crecimiento y que tienen una población más numerosa que demanda mayores servicios básicos e infraestructura. Todas las ciudades tienen prioridades, todas la obras son importantes.

No es el Poder Ejecutivo o el Legislativo los que deben decidir la prioridad de las obras, porque a ese centralismo es al que combatimos todos los ecuatorianos. Cada ciudad tiene un presupuesto y es obligación del Estado entregar los recursos para que se generen obras para sus habitantes.

Siempre menciona a Guayaquil en sus cadenas radiales; por un lado es positivo, porque crea la curiosidad en los ecuatorianos que no han tenido oportunidad de visitar nuestra hermosa ciudad; pero, por otro lado, hay personas que comienzan a tener resentimiento hacia Guayaquil, urbe que no tiene la culpa de que otras ciudades no hayan crecido a su ritmo.
Debería darse cuenta de que si las otras ciudades no progresan es por la ineficiencia de sus alcaldes y prefectos. Las auditorías deberían ser realizadas a los municipios y prefecturas que han recibido dinero del Estado y que no muestran resultados de mejora en la calidad de vida que deberían entregar a sus residentes.

Somos responsables de haber elegido autoridades como nuestro alcalde, el abogado Jaime Nebot, quien ha trabajado para integrar a los guayaquileños y otros hermanos ecuatorianos residentes en esta ciudad, y ha utilizado los recursos para generar obras que benefician a toda la población.

Si buscar el progreso de nuestra ciudad es un delito, entonces todos los guayaquileños de corazón somos culpables.

Señor presidente Econ. Rafael Correa, sigamos las palabras que expresa en los comerciales de radio y televisión: “Dejemos el pasado atrás”. Comencemos a trabajar en conjunto por el cambio.

Es mejor buscar soluciones que buscar culpables, ya que este camino es un circulo vicioso que no lleva a ningún lado. Perdone a aquellos que lo han ofendido, así como los que usted ha ofendido lo perdonen.
 
El ejemplo que demos hoy es lo que los niños están aprendiendo para mañana. Nuestra generación solo esta creando el camino para que nuestros niños tengan un mejor futuro y puedan vivir el cambio que hoy estamos soñando.

Andy R. Chong López,
Guayaquil

Jubilación patronal
Cuando se toca el Fondo de Cesantía y la Jubilación Patronal se genera una onda sísmica en la que se unifican criterios que no tienen que ver con ser afectos o no al Gobierno, y se debe actuar con tino.

Decretos 1001, del 4 de  abril del 2008, y 1406, del 24 de octubre del 2008, deben ser revisados para que no afecten a un vasto sector.
La  mayoría recibe pensiones exiguas que no cubren la canasta familiar.

Se promueve la renovación del sector público con gente joven y estos decretos lo que hacen es desmotivar la buena intención; parece ser que todavía quedan rezagos de antiguo modelo, que se encarga de preparar documentos con doble intencionalidad con el pretexto de reducir gastos.
El mensaje que da el Estado es que se debe invertir en salud, educación... pero con los mencionados decretos se borra esa buena intención. Como dirían mis abuelos: “Lo que se hace con la mano se lo borra con el codo”.

La cosa no va por ahí; el soberano está seguro de que se va rectificar.

Lo importante de esto es que todas las instituciones públicas, semipúblicas y autónomas incluyan los mandatos en sus presupuestos, y se incentive para que renuncie el funcionario público con el incentivo económico, de esta manera promover a nuestra juventud para que trabaje y haga una carrera dentro de este sector.

La propuesta sería que todos los trabajadores que tengan más de 30 años de labores se acojan a los mandatos constituyentes y que para jubilarse en el IESS por esta sola vez se deja sin efecto el limitante de 60 años, esta transitoria tendrá una validez de seis meses solamente.
Lo saludable es que el próximo año se estaría transparentado el gasto,  con los presupuestos se podría contratar a nuestra juventud y evitar que  trate de emigrar, ya que no encuentra oportunidad de trabajo en el Ecuador.

Néstor Aníbal Torres Álvarez,
Guayaquil
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Curso

La Escuela Católica de Evangelización Dosmil invita al al curso ‘Preparémonos para el Adviento y la Navidad”, que se dictará el 12 de noviembre, desde las 16:00. Teléfono:  234-4994.
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