Asistimos a la proclamación de una reserva marina, un área protegida del mar territorial que se supone tiene valores importantes para la conservación del patrimonio natural del país y para beneficio de la población circundante. La utilización de esta zona queda restringida a actividades muy determinadas, como la pesca artesanal, el turismo y otras que no dañan los valores que justamente se busca preservar. La declaratoria se hizo en el marco de un emotivo evento al que concurrieron funcionarios de gobierno y ONG, activistas y representantes de las comunidades involucradas.
¿Para qué se establecen áreas protegidas? Hay muchas razones, por ejemplo el ser zonas cuya producción biológica abastece a la región, por ser hábitat de especies en peligro, por ser fuente de aguas… en fin, los motivos científicos interesan en tanto en cuanto haya un beneficio para la población circundante, entendiéndose por esta, en primer lugar, las comunidades adyacentes, y luego… toda la humanidad.
Si las comunidades adyacentes van a tener algún perjuicio en sus derechos como consecuencia de la creación de las áreas protegidas, deben ser debidamente compensadas. Para ello el peor camino es hacerles creer que serán usufructuarias exclusivas de la zona. Los resultados, como se ha visto, distan de ser los deseables. Los ingresos fáciles que obtienen sin la presión de una competencia, como superan en algo los que obtenían de sus magras producciones anteriores, los lleva a ofrecer un producto (turístico, agrícola, silvícola…) de baja calidad, sin posibilidades de producir el salto cualitativo al nivel de vida que se habría esperado.
Ocurre en cierta área protegida (y en otras he visto cosas tan parecidas que podría ser cualquiera) que los guías comunitarios recitan con desgano sus cartillas en español ante turistas que no les entienden ni jota. Los más no se interesan en aprender inglés, sin que falten los que rotundamente se niegan porque, total, no pueden entrar guías ajenos para competir con ellos.
Por cierto que resultaría peligroso, y probablemente inviable, el hacer conservación con la hostilidad de los vecinos, pero caben soluciones más inteligentes que el paternalismo. Una de ellas, talvez la de más inmediata aplicación y más seguros resultados, sería la asociación paritaria, real y garantizada con la empresa privada para la explotación (no nos asustemos de la palabra) sustentable de los recursos de las áreas protegidas. Hablo, claro está, de los usos legales y de bajo impacto.
La empresa privada aporta capitales, pero esa no es su principal contribución. Tiene mayor acceso a los mercados internacionales, mejores herramientas administrativas y comerciales. Entre el interés de las comunidades y la capacidad de planificación de las empresas se puede encontrar el balance adecuado que garantice a largo plazo la sustentabilidad del área protegida. Todo esto bajo la vigilancia externa del Estado, que para eso es que tiene que servir.
Hace diez días, en un lugar en el que me sentía extraño y fascinado, me preguntaba quiénes faltaban. Faltaba la presencia del sector privado, que nos guste o no, involucrado o por la periferia, será el único que pueda aportar los ingresos que darán vida a la sustentabilidad.