Miles de indígenas colombianos iniciaron este lunes una marcha hacia Bogotá para exigir el cumplimiento de acuerdos sobre entrega de tierras y respeto de sus derechos, luego de que un debate público con el presidente Alvaro Uribe, una semana atrás, terminara sin resultados.
La primera etapa de la marcha, de 20 kilómetros, concluyó sin alteraciones hacia las 15H00 locales (20:00 GMT) en la ciudad de Palmira, en el departamento suroccidental de Valle, informaron sus organizadores.
La movilización se enmarca en una protesta iniciada el 14 de octubre, que dejó tres manifestantes muertos y dos centenares de heridos entre aborígenes y policías.
Este lunes, en un hecho aislado atribuido a la guerrilla de las FARC, la explosión de un campo minado mató a dos militares e hirió a otro mientras realizaban labores de vigilancia con motivo de la marcha en el municipio de Caloto, departamento de Cauca (suroeste), informó el Ejército.
Los nativos partieron de la ciudad de Cali y del municipio de La Plata (sur) y esperan confluir en la localidad de Espinal el 23 de noviembre, dijo a la AFP Daniel Piñacué, dirigente del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
El arribo a la capital está previsto para el 28 de noviembre, agregó Piñacué, indicando que el recorrido desde ambos puntos será de 480 kilómetros en promedio.
"Queremos cumplir nuestro objetivo de la manera más tranquila para continuar en Bogotá el debate con el presidente y el Parlamento", señaló.
Los manifestantes se concentraron en Cali y La Plata desde el fin de semana, y esperan que en el trayecto se sumen otros aborígenes.
Unos 30.000 indígenas marcharon entre el resguardo (reserva) de La María y Cali entre el 21 y el 25 de octubre, en un recorrido de 120 km, para exigir la reunión con Uribe que se realizó el 2 de noviembre en este último pueblo, pero que terminó sin acuerdos.
Piñacué explicó que el desplazamiento hacia Bogotá busca "hacer visible el debate y concretar soluciones rápidas".
Aunque la movilización se centra en los reclamos de las etnias de Cauca, otras comunidades adhirieron para exigir igualmente el cumplimiento de pactos, la derogación de leyes sobre el campo y del Tratado de Libre Comercio (TLC) negociado con Estados Unidos, y denunciar violaciones de derechos humanos.
En la cita de La María, Uribe propuso una mesa para discutir los reclamos del CRIC, pero sus líderes aseguraron que iniciativas similares fracasaron en el pasado.
Sin embargo, Piñacué dijo que el movimiento analiza cómo implementar "una mesa más operativa" y que para ello se mantienen los "acercamientos" con el gobierno.
El CRIC exige la entrega de tierras que prometió el Estado tras haber admitido su responsabilidad en la matanza de 20 indígenas en 1991, en un hecho que involucró a paramilitares de ultraderecha, policías y hacendados, según la defensa de las víctimas.
Un acuerdo derivado de ese caso obligó al gobierno a titular 15.663 hectáreas, de las cuales están pendientes 4.263, pero los aborígenes sostienen que sólo el 40% de esos terrenos es cultivable.
Los nativos también solicitan la entrega de 8.000 hectáreas prometidas mediante un decreto en 1999, aunque insisten en que estudios del Incoder -entidad que ejecuta la política agraria- cifran en 208.000 hectáreas las necesidades de tierras de las etnias caucanas.
Asimismo, solicitan "resarcir el buen nombre" del movimiento aborigen, al que Uribe acusó de estar infiltrado por las FARC, y la adhesión plena de Colombia a la declaración de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas.
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