Lo único que el Gobierno español solicitó a Ecuador fue que dialogara con Repsol antes de dar por terminada de manera anticipada y unilateral su contrato de participación con la compañía. Consultada por este diario en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó que “el Gobierno es partidario del diálogo, que es la vía que soluciona los problemas”.

La conversación mantenida entre sus cancilleres  Miguel Ángel Moratinos y María Isabel Salvador facilitó el miércoles un encuentro entre  autoridades ecuatorianas y los directivos del consorcio hispano-argentino.

Las partes aceptaron respetar las condiciones alcanzadas en marzo y ratificadas en agosto, en términos y plazos;  incluye la migración en un año (desde que se firme el nuevo convenio) del contrato de participación al de prestación de servicios.

Fuentes gubernamentales españolas negaron la existencia de alguna contraprestación o compromiso adquirido a cambio de que el Presidente de la República, Rafael Correa, revoque la decisión.  Nuestro trabajo, puntualizaron, es “respaldar a las empresas en el exterior y eso es lo que hemos hecho”.

Un artículo del periódico económico  Expansión,  publicado ayer, advertía que situaciones como el “arreglo in extremis” del futuro de Repsol en Ecuador  “reavivan, en estos momentos de tribulación económica mundial, las arbitrariedades políticas y quebrantos de la seguridad jurídica inherentes a los regímenes populistas que medran en Iberoamérica”.

El viernes, ese diario subrayó que “aunque en el caso concreto de Ecuador la exposición de Repsol es reducida –apenas representa el 1,7% de su producción y de sus activos–, es natural que se resista a las imposiciones del Ejecutivo local, que no hacen más que abundar en la situación de indefensión de las empresas foráneas”.

María Teresa Fernández
VICEPRESIDENTA PRIMERA
“Con diálogo se ha solucionado el que Repsol permanezca en Ecuador”.