Tres petroleras tienen pendiente la revisión de cinco  contratos. Se prevén algunos  acuerdos.

El Gobierno de Rafael Correa logró renegociar –en menos de diez meses– nueve contratos petroleros, de  catorce,  que el 21 de enero pasado entraron a una  revisión.  Tres  están próximos a terminarse y otros dos no fueron discutidos por presentar inconvenientes.

Los convenios examinados son los que corresponden a los bloques 14 y 17 de Petroriental (China), Tarapoa de Andes Petroleum (China); 27 de City Oriente (panameña con capital estadounidense); 18, 31 y Palo Azul de Petrobras (Brasil), y el 16 y Bogui-Capirón de Repsol-YPF (española-argentina).

De esas áreas se extrae el 26% de la producción nacional de crudo, según la Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH), pues obtienen 131.800 barriles diarios, de 500 mil  contabilizados a escala nacional.

La renegociación de los contratos, sin embargo, no implicó nuevos documentos para todas. City Oriente, por ejemplo, terminó su relación contractual con el Estado por mutuo acuerdo. Además desistió de la demanda internacional.

Andes Petroleum consiguió que los contratos de participación del bloque Tarapoa y los dos unificados que maneja no se modifiquen. Su argumento fue que las áreas ya contaban con un factor de reparto de los excedentes petroleros.

Y uno de los tres bloques de Petrobras, el 31, fue devuelto al Estado por las altas inversiones que requería y por encontrarse en la selva intangible, de tránsito de los pueblos no contactados Tagaeri y Taromenane.

Solo los restantes seis bloques (14, 17, 18, Palo Azul, 16 y Bogui-Capirón) han sido modificados, dejando mejoras para el Estado y para las compañías, dijo uno de los miembros del grupo negociador, que pidió no publicar su nombre.

Por cada barril de crudo el Estado se queda con una renta petrolera promedio del 78%, en los seis contratos, mientras la empresa alcanza el 22%, similar a lo que tenían antes de iniciar las negociaciones.

El cambio, sin embargo, fue en el porcentaje de participación que el país tendrá en la producción; entre el 25% y el 40% de cada barril de petróleo se quedará con el Estado, superior a la banda de 13% al 30% que manejaba antes.

Las contratistas, además, aumentaron sus ingresos extraordinarios, obtenidos por los altos precios internacionales del barril de petróleo, del 1% al 30%; eso debido a la vigencia de la nueva Ley Tributaria.

La modificación de los seis contratos implicó además que las compañías redujeran a un año la vigencia de los actuales documentos, que empezaban a vencer en el 2012.

También se comprometió a prestar otro tipo de servicios petroleros, si el Estado considera conveniente después del año de vigencia del nuevo convenio, porque en las actas suscritas existe una cláusula de terminación mutua para el caso de que una de las partes involucradas decida no continuar con la relación contractual.

Los otros cinco contratos que aún están pendientes pertenecen a Perenco (Francia), CNPC (China) y Canadá Grande (Corea del Sur). Con la primera, Derlis Palacios, ministro de Minas y Petróleos, estaría próximo a llegar a un acuerdo.

La segunda no entró a discusión, en la primera fase de la renegociación de los contratos, porque no está en fase de explotación sino de exploración; y la tercera no pudo continuar por falta de acuerdo entre sus socios, uno de ellos, el Estado ecuatoriano, a través de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).

Cifras

34
Negociadores.  Profesionales a cargo del proceso: 15 de Petroecuador, 6 de Minas, 10 de Procuraduría y 3 del SRI.

$ 800
Millones.  Nuevas inversiones que las petroleras privadas se comprometieron a colocar en tres o cuatro años.

$ 1.169
Millones. Esta es la cantidad contemplada en el programa de inversiones previsto para este año.