Fausto Ortiz y Wilma Salgado, del Ministerio de Economía; William Murillo, de la Secretaría del Migrante; Carlos Pareja Yanuzzelli, de Petroecuador; Alfredo Vergara, de la Superintendencia de Bancos;   Mónica Chuji,  Rossana Queirolo y Diana Acosta, de la Asamblea; y hasta Alberto Acosta,  del Ministerio de Energía y luego de la  Constituyente. A quienes se han mostrado críticos ante decisiones o posturas del Gobierno no se les ha   pedido que participen desde otros espacios una vez que renuncian  o terminan sus periodos.

“Creo que es evidente que el Presidente  y el buró pagan y recompensan a quienes, pese a los cuestionamientos públicos del Gobierno y en muchos casos humillaciones, no han  podido tener la dignidad de responder o ser críticos. Tienen su recompensa por no ser críticos. Allí están los jóvenes de Ruptura de los 25, que están en el Gobierno o serán candidatos. Todos los leales, o serán candidatos o tendrán su puestito”, sostiene Chuji, antes defensora del régimen como secretaria de Comunicación, quien se desafilió  de PAIS por  “diferencias ideológicas”.

 Pareja Yanuzzelli, a quien se le pidió la renuncia por los disturbios en Dayuma, justifica la reubicación de funcionarios “leales” –aunque no fue su caso– y lo resume así: “O usted está en la línea del Gobierno o no puede seguir.  Ese no fue mi caso, yo no salí peleado, pero es más fácil reubicar a quienes ocupan  cargos políticos y no técnicos. En mi área, por ejemplo,  no ha habido disponibilidad”.

Salgado, quien dejó la cartera de Economía luego de cuestionar la pro forma presupuestaria del 2009, tiene otra visión. Ella cree que en el Gobierno no hay lugar para observaciones. “Las  que yo hice, más buena fe  no pudieron ser. Les molesta, al interior del buró y del entorno,  el  hecho de presentar un eventual problema y hacen interpretaciones equivocadas  pensando en el impacto político... Cuando fui al Ministerio pedí trabajar con un excelente economista (Rubén Flores) que había salido del IESS, pero me dijeron que no, que   en  ninguna función del Estado, que está vetado”.