Habla el presidente Rafael Correa Delgado (programa radial del 27 de septiembre del 2008): “Íbamos por la calle Esmeraldas [en Guayaquil] hacia el norte, hacia la base aérea para cambiarme de ropa e irme a la Feria del Turismo, y de repente pasamos por una central del Prian que preparaba su caravana por el No. […]”. Entonces apareció “un sujeto afroecuatoriano, con una camiseta amarilla del Prian, muy agresivo […], el tipo se nos lanza encima, se acerca a la ventana y lanza un objeto, que después vimos era una calcomanía del No hecha bulluco”.
Lean de nuevo: un afroecuatoriano arrojó a la caravana presidencial un papel arrugado. Ese es el terrible delito que cometió Carlos Hidalgo Ronquillo, simpatizante del Prian, ahora encarcelado, y por el cual están a punto de condenarlo quizás a seis años de prisión.
Por arrojar al vehículo del Presidente un papel arrugado.
Continúa hablando el economista Correa: “Señores, eso es delito flagrante […] ese tipo agredió la caravana presidencial […], ahí la policía con todo derecho puede irrumpir en ese domicilio, más aún, no era ni domicilio, era una central política […]”.
Revisen las fotografías que publicó la prensa esos días. Llegarán a la misma conclusión que yo: los policías y agentes de seguridad que rodeaban al Primer Mandatario no creyeron como él que se acababa de cometer un “delito flagrante”, porque al principio simplemente no ejecutaron su orden de entrar por la fuerza. Hasta que intervino uno de los asesores favoritos del Presidente, el venezolano-ecuatoriano Jaime Sánchez Yánez, que traspasó la verja de la casa y arremetió a patadas contra la puerta interior.
¿Los asesores de la Presidencia también tienen atribuciones de ingresar en domicilios privados cuando se trata del “delito flagrante” de arrojarle a la caravana presidencial un papel “hecho bulluco”?
Luego del incidente, el asesor Sánchez se quejó de que los afroamericanos del Prian lo habían golpeado en el labio, pero no he sabido de ninguna queja ni acusación suya. La única demanda es de Correa, que invoca el artículo 227 del Código Penal, el mismo con el que quiere encarcelar a los estudiantes aniñados de la Universidad Católica, que también lo “maltrataron”. Dice ese artículo: “El que hiriere o golpeare, o maltratare de obra o cometiere otra violencia material contra el Presidente de la República o contra quien hiciere sus veces, será reprimido de tres a seis años de reclusión menor”.
Una de las “virtudes” de este artículo es que admite la prisión preventiva. Por eso el afroecuatoriano Hidalgo Ronquillo está preso. Y existe el temor de que cualquier día de estos dicten prisión contra los estudiantes de la Católica.
Pero es que, también, en qué país vivimos. Aquí, negros y aniñados, sin discrimen de ninguna clase, se creen con derecho de acostarse en la calle por donde va a pasar el carro del Presidente, o de lanzarle papeles arrugados. Ni que fuesen hijos de Barack Obama. Menos mal que nuestro moderno Código Penal castiga esas infamias con una pena apropiada. Seis años tras las rejas, ni más ni menos.