En Manabí, los crímenes violentos se repiten. En Manta, por ejemplo van 89 este año; y, después de una  marcha, en  que la ciudadanía exigió justicia se  detuvo en un operativo denominado  Sicario  a Ángel Figueroa Quiroz, de 28 años, quien dijo que recibió $ 5.000 a cambio de asesinar a Stéfano Doumet Mendoza y Elvia Álava Medina, en el 2007, ataque en el que también falleció un vendedor de hamburguesas.

A Figueroa también se lo investiga por otro crimen múltiple ocurrido, en marzo pasado, en el barrio San José de Manta, en el que una pareja de esposos fue asesinada a tiros.

La investigación involucró además a Manuel Figueroa Villamar como el nexo entre Eusebio Reyes (autor intelectual) y los sicarios que cometieron los crímenes. Contra Manuel Figueroa y Reyes se inició una instrucción fiscal, tras las acusaciones del sicario detenido.

Víctor Vera Arteaga y   Johnatan González Valencia, también fueron aprehendidos durante  ese operativo. Vera es acusado de  la muerte del estudiante universitario William Espinoza, ocurrida el pasado 15 de octubre; mientras que a  González se lo responsabiliza del asesinato de  Arcadio Herrera suscitado  el 13 de septiembre.

No obstante, al igual que en Guayas, no se denuncian los crímenes por temor, lo que ocasiona que la impunidad sea la sentencia para la mayoría de los casos de sicariato.

Ese es el asunto de Jorge Pico, padre de Leonardo Pico, quien fue secuestrado y luego apareció muerto junto a Roddy Villavicencio González.

Resignado cree que el suceso de su hijo se convertirá en uno de los tantos que quedará en la impunidad. “La venganza era contra Roddy, quien tenía antecedentes penales pero a mi hijo lo mataron porque ese día lo acompañaba”, lamenta Pico, quien expresa con cuidado: “Sé quién es el responsable de su muerte, pero no puedo acusarlo ante la falta de pruebas y por desconfianza de que se tome venganza contra mí o el resto de mi familia”, recalca.

Una actitud parecida acogió William Espinoza, padre del estudiante universitario con el mismo nombre que fue asesinado el 15 de octubre pasado, porque se resistió al robo de su teléfono celular.

Él decidió no denunciar el caso por la desconfianza en las autoridades. Más bien, participó de forma activa en la marcha realizada en Manta, para exigir seguridad. “Pedimos justicia, los fiscales y policías se tiran la pelota y nadie asume responsabilidades”, dijo María Teresa Sánchez, una compañera del estudiante asesinado.