El asesinato de 11 jóvenes que fueron luego presentados como guerrilleros provocó la sanción.

El escándalo por el asesinato de civiles a manos de militares que los presentaron como irregulares muertos en combate generó la primera consecuencia internacional para Colombia, al anunciar EE.UU. que no brindará asistencia a tres unidades del Ejército implicadas.

Las denuncias  provocaron la destitución de 27 militares –incluidos tres generales– la semana pasada por el Gobierno, y precipitaron la dimisión el martes del jefe del Ejército, general Mario Montoya.

Washington anunció el jueves que las tres unidades “no califican para recibir la asistencia” por estar “involucradas en violación de derechos humanos”.

El embajador estadounidense en Bogotá, William Brownfield, precisó ayer que se trata de la II y VII División y un batallón de desminado.

La decisión se refiere al caso de once jóvenes que desaparecieron en enero pasado de un barrio humilde de Bogotá y días después el Ejército los mostró como guerrilleros o paramilitares abatidos en choques en el departamento de Soacha.

El retiro de los uniformados desató una ola de denuncias sobre episodios similares al de Soacha en varias regiones, en medio de críticas de la oposición de que estas violaciones se dan por la política de otorgar ascensos militares y pago de recompensas a civiles que cooperen en la lucha antiguerrilla.

La Fiscalía tramitaba a fines de octubre unos 700 casos de homicidios atribuidos a la fuerza pública, sobre 1.137 víctimas, dijo una fuente de la entidad.

Varias de esas muertes estarían ligadas a “falsos positivos”, como se denominan en Colombia los supuestos montajes oficiales para reclamar éxitos.

El pasado miércoles, el teniente del Ejército Edwin Toro fue detenido por orden de la Fiscalía, que lo acusa de homicidio agravado, tortura agravada y secuestro simple por matar a Luz Stelli Morales Arias, de 16 años, el 18 de septiembre del 2003, y presentarla como una guerrillera caída en combate, informaron fuentes judiciales.

Según la versión, una patrulla del Ejército comandada por Toro Ramírez sacó de su casa a Morales Arias, cuyo cadáver fue presentado al día siguiente como abatida en un combate.

Colombia, principal aliado en América del Sur de la administración Bush, es el primer beneficiario de la ayuda de Washington en la región.

Estados Unidos gastó 5.000 millones de dólares desde el 2000 en el marco del Plan Colombia de lucha contra la droga y las guerrillas.