Unos 400 elementos de la Policía Nacional, del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) intervinieron ayer en cuatro operativos efectuados en comercios de Guayaquil, para constatar la procedencia de las mercaderías.

Esto es parte del nuevo Plan de Seguridad Ciudadana anunciado por el Ministerio de Gobierno, el cual, entre sus nueve ejes, recoge la disposición de cerrar cachinerías y locales donde se comercialicen bienes de dudosa procedencia.

Uno de los controles se realizó al mediodía en la bahía Villamil y generó el rechazo de los comerciantes, quienes cerraron las puertas de sus quioscos y reclamaron ante el paso del Intendente de Policía, Julio César Quiñónez, y del comisario Tercero, Roberto Moyano.

“Déjennos trabajar”, “no somos delincuentes”, gritaban mientras golpeaban puertas y forcejeaban con policías.
En los locales que permanecieron abiertos, las autoridades exigieron facturas y documentos que demuestren el origen de teléfonos y piezas de celulares, así como de equipos de audio y video; ante la falta de estos soportes, varios se decomisaron.

En su defensa, algunos recordaban que la Constitución prohíbe los decomisos. Está en el artículo 329 de la Carta Magna, que dice: “...se protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, materiales o herramientas de trabajo”.

El fiscal Carlos Karolys, presente en el operativo denominado Limpieza, informó que cada artículo consta en actas para que los comerciantes los retiren de las bodegas de la Policía Judicial (PJ), una vez que presenten la documentación.

“Ellos señalan que viene gente y deja sus teléfonos dañados para que les arreglen, pero no muestran una orden que justifique quién es el dueño de ese equipo”, manifestó.

Además de los uniformados, intervinieron en el control delegados del Servicio de Rentas Internas (SRI), de la Comisaría de Salud y del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI). Por ello, al final de la tarde, los operativos cerraron con la confiscación de 500 teléfonos, 21 prendas de ropa deportiva, películas piratas, 600 unidades de medicinas y 120 accesorios de limpieza para niños (en una bodega de las calles Chile y Manabí), 326 puertas de vehículos, 6 guardafangos, 152 guardachoques y repuestos, en otros puntos de la ciudad.

“Estamos trabajando basados en denuncias que hemos recibido”, afirmó el Intendente, quien anunció que las acciones continuarán varias semanas.

En los alrededores de las calles Pedro Moncayo y Colón, donde funcionan las llamadas cachinerías, mientras tanto, reinó la preocupación ante posibles operativos.

Allí, Ruperto Peralta, quien vende ropa y zapatos en una acera, rechazó que se los considere “cómplices de los ladrones”. Comentó que no adquieren productos robados sino “usados” o los que traen personas humildes a cambio de platita porque necesitan”.

OCHO DETENIDOS EN QUITO
Un operativo realizado en el centro comercial Montúfar, ubicado en las calles Montúfar y Olmedo, en el Centro Histórico de la capital, culminó con ocho personas aprehendidas para investigaciones, 17 locales clausurados y dos camiones llenos de mercadería incautada.

Jorge Jiménez, jefe de la Policía Judicial de Pichincha, explicó que el plan responde a operaciones de inteligencia que determinaron que allí se comercializan  objetos robados.

La medida que se inició a las 09:45 contó con la participación de seis jefes de Policía, 24 oficiales, el Intendente, cinco fiscales y 264 elementos de la Policía Judicial, GOE, GIR, Antinarcóticos, Migración y Turismo, y Tránsito.

Varias personas que al percatarse de la presencia de los uniformados intentaron salir del lugar, fueron revisadas.
A algunas se les encontraron objetos de dudosa procedencia, como celulares usados, Play Stations, reproductores de DVD, Mp4, entre otros que, se presume, iban a vender a los comerciantes del Montúfar. Por la tarde, el SRI hizo más operativos.