Contrato.

La petrolera Petroecuador no iniciará ningún proceso de caducidad en contra de su similar brasileña Petrobras, porque no halló justificativo para ello, dijo ayer Luis Jaramillo, presidente ejecutivo de la estatal.

La decisión la tomó el 22 de octubre pasado y el mismo día remitió el informe al Ministro de Minas y Petróleos, Derlis Palacios, quien solo nueve días después firmó el contrato transitorio de un año de duración con la petrolera brasileña (el 31 de octubre pasado).

El informe, que ingresó al Ministerio a las 11:25 del 22 de octubre, concluyó que tras “haber efectuado oportunamente los requerimientos a Petrobras y analizado las pruebas aportadas (...), no encontró méritos para iniciar la caducidad del contrato (...), por lo que solicita (al Ministro) se inhiba de iniciar dicho trámite”.

Con tal documento, el Ministerio de Minas, de considerarlo pertinente, podrá archivar el proceso y terminar con el pedido de caducidad existente.

El 18 de febrero pasado, el entonces procurador del Estado, Xavier Garaicoa, pidió la caducidad de dos contratos de Petrobras: el del bloque 18 y el del campo unificado Palo Azul (compartido con Petroecuador), por considerar que hubo infracciones a la Ley de Hidrocarburos.

A su criterio, la transferencia del 40% de las acciones de las áreas a la empresa japonesa Teikoku Oil no tuvo la autorización del Ministerio del área.

Además, argumentó, la compañía no registró a la empresa operadora de las áreas en la Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH) y tuvo algunas reincidencias de infracciones.

El informe de Petroecuador, sin embargo, solo pide abstenerse de un proceso de caducidad del contrato del bloque 18. No menciona el campo unificado Palo Azul.

En el bloque 18, revela el informe, “ha desvirtuado los presuntos incumplimientos”, aunque el viernes anterior se suscribieron los contratos modificatorios para ambas áreas petroleras.

Jaramillo, sin embargo, ratificó que cuando la firma Gaffney & Cline presente el estudio que confirma o niega la unificación del campo Palo Azul, las partes respetarán el pronunciamiento. Si no es unificado, el Gobierno iniciaría un proceso de nulidad del contrato.