Por curiosidad histórica, creo que al país le interesaría conocer cuál asambleísta constituyente –o grupo de ellos– tuvo la idea, acogida luego por la mayoría, de disminuir el número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de 31 a 21, y de qué estudios se sirvieron para llegar a la conclusión de que tres decenas (más uno) era una cantidad exagerada, mientras que dos decenas (más uno) era el número ideal o mágico.
Porque debe haber responsabilidades ante la historia que no significan el pago de una multa ni el cumplimiento de una sanción material, pero sí la asunción de costos políticos y culpas democráticas, al revés de las obligaciones pecuniarias que deberían recaer en aquellos directivos de instituciones públicas que fueron harto generosos con el dinero ajeno al negociar contratos colectivos leoninos para el Estado, para congraciarse alegremente con los sindicalistas, prebendas que ha hecho bien el Gobierno en suprimir.
Pero volviendo al tema de la extinta Suprema, no es que crea yo que una de las cifras (31 o 21) sea mejor que la otra, sino que me luce que no existió una investigación seria sobre el número de causas ingresadas en un periodo determinado, el tiempo promedio de despacho de ellas, la asistencia de los ministros a sus oficinas, los horarios de trabajo, la división del mismo entre las salas y entre los miembros de cada sala, como para llegar a una conclusión que se acerque a resolver, con información estadística, lo que han resuelto.
Siempre pensé que 31 ministros-jueces era un número excesivo, pero lo mío era una simple apreciación personal y por eso pregunto a los involucrados en la decisión de disminuir ese guarismo si hicieron previamente un responsable análisis del tema o simplemente a ojo de buen cubero decidieron que 21 eran suficientes como podría haber sido cualquier otra cifra.
Hay una cierta similitud entre la actuación de Lucio Gutiérrez en el 2004 y de la mayoría de los constituyentes en el 2008, pues en ambos casos la consecuencia fue y será la ausencia del máximo tribunal de justicia ordinaria por un buen tiempo, pues cualquier solución que se quiera adoptar ahora, luego de una decisión apresurada e irresponsable, será inconstitucional, aunque algunos asambleístas –muy sueltos de huesos– crean que no. Ni la Corte Constitucional (que además legalmente no existe) puede interpretar el texto correspondiente de la Constitución ni cabe la actuación de unos conjueces que tampoco existen porque terminaron sus periodos cuando cesaron en sus funciones los titulares, a los diez días de proclamados los resultados del referéndum aprobatorio, como lo manda el artículo 21 del Régimen de Transición.
La única salida es someterse al “vía crucis”, largo y doloroso, de la reforma constitucional diseñada en Montecristi. Y deben tener cuidado de no seguir cometiendo tropelías jurídicas porque todo tiene su límite.
P.S. No puedo dejar de comentar, aunque sea brevemente, que la notable victoria de Barack Obama en las elecciones presidenciales de Estados Unidos está por encima de rencillas partidistas y de otras profundas diferencias que marcaron negativamente, antes de ahora, a la sociedad norteamericana. El candidato demócrata se identificó como un ciudadano estadounidense que quiere un cambio antes que como negro o como cristiano o como de izquierdas, o como cualquier otra cosa, y ese mensaje fue comprendido y asimilado, especialmente después del desastroso gobierno de Bush, de su indefendible invasión a Iraq y de la debacle financiera. Pero todavía faltan algunos soles e inviernos para saber si Obama cumplirá sus promesas y llenará las expectativas. Esperemos que sí, no solo por el bien de su país sino del hemisferio en que vivimos.