“Si todo el mundo paga cero ya no tendría sentido un reglamento de exoneraciones y descuentos”, reflexiona Armando Altamirano, vicerrector general de la Escuela Superior Politécnico del Litoral (Espol), al ser consultado sobre cómo aplicarán las becas conforme señala la nueva Constitución.

Según el artículo 357, “las universidades y escuelas politécnicas públicas podrán crear fuentes complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en la investigación y en el otorgamiento de becas y créditos, que no implicarán costo o gravamen alguno para quienes estudian en el tercer nivel...”.

“El problema es cómo lo aplicamos si la educación va a ser gratuita”, se pregunta Altamirano, quien considera que el Gobierno debería dar las pautas para ver a qué estudiante se le cobra, porque el reglamento de exoneraciones es con la finalidad de disminuir el pago en el registro o inscripción.

Reitera que el Gobierno debe definir los rubros que va a cubrir la gratuidad relacionada con la escolaridad y la responsabilidad académica.

Igual inquietud  tiene el vicerrector académico de la Universidad de Guayaquil, José Apolo. “No sé en qué sentido va porque al ser gratuita la enseñanza no caben las becas porque hay la gratuidad total. ¿Becas en qué?, ¿qué valores?”.

Apolo estima que en la Ley de Educación Superior se establecerán seguramente algunas novedades incluido el tema de becas. “Habrá que ver qué va a pasar con el sistema de ingreso y con el régimen académico que aún no está establecido”.

El rector de la Universidad de Guayaquil, Carlos Cedeño, dice que es muy poco probable que realicen alguna modificación para aplicar el otorgamiento de becas porque los programas de autogestión que manejan son muy pequeños en rendimiento para financiar becas que implican una obligación durante al menos diez meses de darle al estudiante algún dinero para alimentación, vivienda, etc. Por ello, confía en que el Gobierno asigne los recursos necesarios.