La Cámara de Diputados de Argentina debatía este jueves el proyecto de ley para estatizar las pensiones, con el respaldo de una movilización de grupos afines al gobierno de Cristina Kirchner y nuevas protestas de la oposición derechista, liberal y radical socialdemócrata.

La sesión en la Cámara baja, que se inició poco antes del mediodía, demandará varias horas de debate antes de que voten los diputados y, en caso de ser aprobado, el proyecto pasará al Senado, donde el oficialismo pretende tratarlo para darle sanción definitiva el 20 de noviembre.

Legisladores oficialistas se mostraron confiados en la aprobación de la iniciativa que prevé el traspaso de unos 26.000 millones de dólares que administran los fondos privados al Estado, a lo que se sumará el ingreso de otros 3.000 millones de dólares anuales por aportes de los trabajadores.

El oficialismo sumó el apoyo de diputados de la oposición de centroizquierda, que siempre propiciaron la jubilación estatal y que lograron introducir cambios al proyecto original para asegurarse un control del uso de los fondos.

"Nos pone muy contentos poder haber conciliado posiciones con bloques que no son del oficialismo. Esto le da un nivel de consenso importante a una iniciativa trascendente", dijo el jefe de la bancada oficialista, Agustín Rossi.

La iniciativa cuenta además con el respaldo de la mayoritaria y oficialista central obrera CGT y la disidente CTA, que se movilizarán junto a grupos políticos kirchneristas al Parlamento, donde el gobierno cuenta con mayoría.

En cambio, anticipó su voto negativo la Unión Cívica Radical (UCR, socialdemócrata), el mayor bloque de oposición, así como peronistas disidentes, liberales y de derecha.

La líder opositora liberal cristiana Elisa Carrió prometió realizar este jueves una vigilia en el Obelisco, en el centro porteño, en rechazo al proyecto, al margen de otros actos de opositores enfrente al Congeso.

"Mi intención es dar testimonio, frente a lo que consideramos un robo a la nación", dijo Carrió, crítica por el uso que cree que el gobierno dará a los fondos del sistema jubilatorio privado creado en 1994, en caso de aprobarse su estatización, pese a que ella la había impulsado en el pasado.

Opositores acusan al gobierno de impulsar la reforma previsional para captar fondos que permitan afrontar vencimientos de deuda por unos 20.000 millones de dólares en 2009, además de financiar obra pública y gastos de campaña electoral, en vistas de los comicios legislativos del año próximo.

Pero el Gobierno asegura que esos fondos tendrán como único destino el pago de jubilaciones, con la creación de un único sistema estatal de reparto, que absorberá el dinero que actualmente manejan las 10 administradoras privadas de pensión (AFJP).

Kirchner presentó el 21 de octubre el proyecto de ley que estatiza los fondos de pensión, con el argumento de la fuerte pérdida de rentabilidad del sistema privado, jaqueado por la crisis financiera global iniciada en Estados Unidos.

"Hubo un sistema que se desmoronó estrepitosamente. Esto era una política de saqueo", dijo la mandataria en aquella ocasión sobre el sistema privatizado durante la férrea política liberal de la década de 1990 en Argentina.

La estatización del sistema previsional vuelve a unir a la oposición aunque con mucho menos empuje que el que lograron durante un conflicto agrario de cuatro meses, que culminó en julio, cuando el Parlamento le propinó una severa derrota al gobierno al rechazar su proyecto de elevar los tributos a las exportaciones de alimentos.