Acusada de golpe.

El Gobierno del presidente Evo Morales, que el fin de semana anunció la suspensión de las actividades de la DEA (Oficina Antidrogas de EE.UU.) en Bolivia, le comunicó ayer que debe abandonar el país y que tiene tres meses para hacerlo, tras acusarla de apoyar un golpe de Estado.

“La nota formal ya ha sido entregada” el sábado, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca.

Morales decidió suspender todas las operaciones de la DEA porque –según él– personal de esa organización habría apoyado y financiado un “golpe civil-prefectural” en septiembre, con protestas en cinco de las nueve regiones del país que dejaron 19 muertos.