Nueva Carta Magna elimina la  autonomía administrativa  y le resta  claridad al papel del directorio.

Un limbo jurídico en torno al directorio del Banco Central del Ecuador (BCE) y malestar por la pérdida de facultades se vive en la institución, luego de la entrada en vigencia de la nueva Constitución.

La  Carta Magna elimina la autonomía técnica y administrativa del organismo y también le resta claridad a cuál debe ser el papel del directorio.

De acuerdo al artículo 303 de la Constitución, el BCE pasa de ser una “persona jurídica de derecho público con autonomía técnica y administrativa” a   “una persona jurídica de derecho público, cuya organización y funcionamiento será establecido por la ley”.

Con ello pierde su potestad de “establecer, controlar y aplicar las políticas monetaria, financiera, crediticia y cambiaria”. Esta función, según la nueva ley, está en el Ejecutivo de manera exclusiva, aunque debe ser aplicada por el Banco.

La pérdida de la autonomía ha creado malestar dentro del directorio. Marcos López, uno de los directores elegidos por el Congreso en el 2005, cuyo periodo terminaba en 2011, acaba de renunciar.

En la carta de dimisión dirigida al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, López indicó que la  Constitución “ha desintegrado las funciones básicas de la banca central, mismas que no son patrimonio ni invento de Ecuador, sino sanas prácticas aplicadas en el mundo entero”. 

Agregó que al directorio se le ha “amputado todo derecho de pensar y disentir, para convertirlo en un centro de obediencia al Ejecutivo”.

Para Robert Andrade, ex presidente del directorio  (elegido en el gobierno actual), es positivo que el Banco se alinee con las políticas del Ejecutivo.

En épocas anteriores, según el ex funcionario, el BCE  jugaba un papel más bien consolidado con el Fondo Monetario Internacional  y se mostraba  fiscalizador de los gobiernos, en vez de ser asesores técnicos.

No obstante, Andrade reconoció que ahora existe un “cuello de botella” o vacío jurídico con respecto al papel del directorio. En la Constitución no consta la mecánica para la conformación de la gobernanza del Banco. Ese capítulo se lo deja a la ley, pero en la actual  se indica  que se deberá proceder conforme a la Constitución, por lo que se debe enviar una nueva ley.

Según Andrade, en el caso de renuncia de algún miembro del directorio del Banco no existe un procedimiento legal vigente para reemplazarlo. En esta situación se encuentra el caso de Marcos López.

Actualmente, el directorio del BCE  puede continuar reuniéndose, pues su quórum mínimo es de cuatro miembros. En caso de registrarse una nueva renuncia, el organismo quedaría paralizado.