El Ministerio de Justicia, Senplades y  la secretaría jurídica de la Presidencia analizan borradores.

Hasta la tercera semana de este mes, el Ejecutivo espera tener listas las leyes que, según la primera disposición transitoria de la nueva Constitución, debe aprobar el órgano legislativo, sea el llamado ‘Congresillo’ o la nueva Asamblea Nacional.

La norma indica que en 120 días (cuatro meses) tienen que aprobarse cinco leyes: la Electoral, la de Soberanía Alimentaria, la de la Corte Nacional de Justicia,  la del Consejo de la Judicatura y del Consejo de Participación Ciudadana; y en 360 días, alrededor de 16 cuerpos legales.

La redacción de los proyectos está a cargo de diferentes dependencias estatales, entre ministerios y secretarías (ver gráfico). Cada una cuenta con su propia agenda de trabajo; por disposición del Ejecutivo, todas tienen la obligación de abrir espacios de opinión de la ciudadanía y sectores de todo tipo involucrados con la temática.

Todos los borradores –con los informes sobre los actores sociales que hicieron aportes a los textos– llegarán a una Comisión especial formada por el Ejecutivo en la que participan el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades) y la Secretaría Jurídica de la Presidencia.

En las reuniones (al momento se han realizado cuatro) también interviene el presidente de la Comisión Legislativa transitoria, Fernando Cordero (PAIS), aunque luego está previsto que acudan los titulares de las comisiones especializadas.

Fánder Falconí, titular de la Senplades, señala que el grupo de trabajo tiene la tarea de procurar que haya coherencia en los cuerpos legales. El Ministerio de Justicia velará por la consistencia de las leyes con los principios constitucionales; la Senplades se encargará de que estos estén acorde con el Plan Nacional de Desarrollo, y la Secretaría Jurídica analizará la técnica jurídica de redacción de la ley.

Falconí señala que el Ejecutivo no ha definido el orden de envío de las leyes. Le corresponde al Legislativo establecer las prioridades, agrega.

Aminta Buenaño, segunda vicepresidenta del ‘Congresillo’, indica que la mesa directiva ha decidido que las comisiones tramitarán los proyectos de ley de manera simultánea. Si no se hace de esa forma, no se podrían cumplir los plazos constitucionales.

Al momento están en la secretaría del ‘Congresillo’ la Ley de Seguridad Financiera y la reforma a la Ley de Tránsito. Estas no constan en la primera disposición transitoria.

La próxima semana está previsto, además, que el Ejecutivo remita la Ley Minera, la cual debe aprobarse hasta el 3 de enero próximo, por disposición del Mandato Minero.

La Comisión del Ejecutivo tiene también la tarea de “simplificar” el marco jurídico nacional, explica Pavel Muñoz, secretario de Reforma Democrática del Estado.

“Esto implica ir a la consolidación de grandes leyes o códigos orgánicos y no tener leyes por separado”, refiere. Así, por ejemplo, la nueva estructura de la Función Judicial no requeriría normativa para la Corte Nacional, el Consejo de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, los notarios, los jueces de paz y la justicia indígena, sino una sola ley orgánica en la que cada entidad se desarrolle en un libro.

Lo mismo podría ocurrir con la nueva Función Electoral: que el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral sean dos libros de la misma ley orgánica.

La Comisión tendrá que definir con cuántas leyes orgánicas y ordinarias se regirá el país. Según un estudio de la Fundación Lexis, actualmente están en vigencia más de 11 mil normas primarias; de ellas, al menos 4.000 son  arcaicas, por lo que habría que derogarlas.

Existen, asimismo,  69 mil normas secundarias (acuerdos ministeriales, ordenanzas municipales, reglamentos y otros).

TEXTUALES: Lo que dijeron

Aminta Buenaño
VICEPRESIDENTA DE ‘CONGRESILLO’
“Todas las leyes (del paquete de 360 días) son importantes. Habrá que hacer una evaluación de cuál se puede adelantar”.

Pavel Muñoz
REFORMA DEMOCRÁTICA
“La Comisión busca simplificar el marco jurídico del Ecuador. Actualmente tenemos un exceso de leyes. Es un caos”.