Contraloría inició procesos penales en contra de tres trabajadores de Petroproducción.

El cobro de seguros en Petroecuador está nuevamente cuestionado. La Contraloría  inició juicios penales en contra de tres trabajadores de Petroproducción, filial de la petrolera estatal, por considerar que favorecieron a  Seguros Colonial, actualmente a cargo de las pólizas más grandes de la empresa.

Las denuncias –ya planteadas a la Fiscalía– recayeron sobre Carlos Freire Galeas, Jorge Dután y Roberto Collahuazo. El primero ya no labora en la compañía; estuvo hasta junio pasado, confirmó Petroproducción. Los otros dos continúan como personal activo de la estatal.

Luego de un examen especial efectuado entre el 1 de julio del 2005 y el 31 de octubre del 2007, y oficializado en septiembre pasado, la Contraloría determinó que esas personas tienen indicios de responsabilidad penal “por eximir responsabilidades a la compañía aseguradora”.

De acuerdo con el informe, el delito está tipificado y sancionado en el artículo 338 del Código Penal.

A las tres personas se las acusa de “no haber formulado una cuantificación real y objetiva de la superficie afectada (...) y disminuido sin justificación alguna la valoración inicial de precio”.

Freire Galeas fue jefe de Protección Ambiental del Distrito Amazónico y está siendo procesado por no presentar los justificativos técnicos necesarios para “rebatir los argumentos observados por la aseguradora Colonial”, y de esta manera tener abierto el reclamo del área en siniestro.

Dután, entonces superintendente del distrito, “no tomó acciones tendientes a que el área afectada presente los argumentos técnicos para rebatir el cierre del siniestro”, a pesar de haber informado que no se habían emprendido trabajos de limpieza y remediación por parte de la empresa remediadora.

Collahuazo fue denunciado por haber solicitado la anulación de la asignación presupuestaria de 4’300.000 dólares, “por cuanto existen diferencias con la compañía Seguros Colonial”.

Con ese accionar, reveló la Contraloría del Estado, se evitó “llegar al deducible establecido en la póliza de responsabilidad civil, eximiendo la responsabilidad de la compañía”.

La contaminación real fue en un área de 477.537,03 metros cuadrados, según la Contraloría, pero la estatal comunicó que el daño existente  era en una extensión de 271.697,61 metros. Tal decisión redujo el precio de la remediación ambiental de 4’293.241,45 a  880.295 dólares, concluyó el organismo de control del Estado.

Al disminuir la superficie afectada y, por tanto, el costo de la reparación, el valor del daño no superaba el deducible de  2’500.000 dólares, perjudicando a la petrolera estatal, que debió colocar sus fondos para terminar de remediar el daño.

La afectación fue en el pozo Sacha 106 (provincia de Orellana) y la empresa contratada para remediar fue Ecuavital. La orden de trabajo 166910 fue emitida en enero del año pasado y de acuerdo con el informe de Contraloría General en ese documento estaban  “sin especificar los rubros ni superficies que iban a ser ejecutadas”.

DETALLES: Antecedentes

Pozo
El levantamiento planimétrico del derrame de crudo ocurrido en el pozo Sacha 106 fue solicitado el 12 de agosto del 2005 y el alcance a este pedido, que consideró áreas adicionales, se dio el 19 de julio del 2006, un año después del siniestro. Hasta entonces no se hizo ningún trabajo de remediación ambiental.