Vendedores ambulantes, carameleros, peones de hacienda y construcción, agricultores, zafreros, jornaleros, empleadas domésticas dependientes de locales... Las actividades son de las más variadas y sobre todo se trata de labores que permiten moverse en la clandestinidad.

Son estos trabajos los que prefieren la mayoría de colombianos, sobre todo quienes están en calidad de refugiados. Muchos al llegar no traen nada consigo, producto de lo inesperado de la salida, cuenta Xavier Orellana, funcionario del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, Acnur, en Quito.

Con un presupuesto anual de 5 millones de dólares, el Acnur ofrece raciones alimenticias por unos dos meses a los recién llegados, que se los asila en albergues temporales ubicados en Ibarra y Lago Agrio, pero esta ayuda solo es temporal, dice.

Tras el pedido de solicitud de refugio, los ciudadanos reciben un documento que les permite movilizarse durante seis meses mientras se tramita el caso; sin embargo, la mayoría son negados.  Apenas unas 20 mil de las 250 mil que están en trámite han sido aprobadas, dice Mildred Granobles, dirigente  de la Asociación de refugiados con sede en Sucumbíos.

Dicho documento no les permite trabajar y ante la falta de recursos económicos se ven obligados a emplearse en “lo que haya” y desplazarse dentro del país a diversas provincias, cuenta la dirigente.

Beatriz Marmolejo, abogada colombiana radicada en el país desde hace 30 años que asiste a sus compatriotas con asesoría jurídica, agrega también que por ese estado de ilegalidad numerosos colombianos son explotados en sus trabajos por los bajos salarios y otros a quienes no se les paga.

DETALLES: Dificultades

Multa
Ciudadanos colombianos en calidad de refugiados o no legalizados son rechazados en almacenes o empresas   por los propietarios, quienes evitan contratarlos por la multa de  200 dólares que deben pagar por contratar a indocumentados.

Desplazados
Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Imbabura, Sucumbíos, Esmeraldas, Azuay y El Oro son entre otras las provincias que registran la presencia de colombianos en calidad de indocumentados y refugiados.