Las ejecuciones extrajudiciales por parte de efectivos de las Fuerzas Militares de Colombia parecen ser una práctica sistemática y difundida, consideró este sábado la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Navanetham Pillay.

La funcionaria de la ONU, una antigua jueza de la Corte Penal Internacional, destacó los esfuerzos del Gobierno de Colombia para combatir esa práctica y otras violaciones a los derechos humanos en medio de un conflicto interno de más de cuatro décadas, pero advirtió sobre una eventual intervención del tribunal al que perteneció sino hay acciones concretas.

"Un delito se convierte en crimen de lesa humanidad si es difundido y sistemático contra la población civil, nosotros estamos observando y manteniendo un registro de las ejecuciones extrajudiciales y parece ser que efectivamente sea sistemática y difundida esta práctica en mi visión", dijo Pillay.

Colombia afronta un escándalo por casos de ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército que esta semana llevó al Gobierno del presidente Álvaro Uribe a destituir de sus cargos a 27 efectivos, incluidos tres generales, por la aparente falta de control para evitar esas prácticas.

La Alta Comisionada advirtió que si la justicia colombiana no investiga ni castiga a los responsables por las violaciones a los derechos humanos, incluidas las ejecuciones, la Corte Penal Internacional podría asumir los casos.

"La meta es que las autoridades nacionales investiguen estos crímenes y persigan a los autores. Solamente cuando un país no puede o no tiene la voluntad política de investigar y perseguir esos crímenes graves en esa situación la Corte Penal Internacional tendría autoridad para intervenir", explicó.

Violaciones en medio de conflicto

En medio del conflicto interno que azota a Colombia son frecuentes los asesinatos, las masacres, los secuestros, las torturas, los desplazamientos y las desapariciones forzadas, según grupos de derechos humanos.

En la confrontación, que dejó 70.000 muertos en las últimas dos décadas de acuerdo con Amnistía Internacional, las Fuerzas Armadas enfrentan a la guerrilla izquierdista y a grupos armados ilegales conformados por antiguos paramilitares de ultraderecha.

Los dos bandos obtienen millonarios ingresos del narcotráfico para financiar sus ejércitos irregulares, de acuerdo con el Gobierno.

Un reciente informe de un grupo de derechos humanos aseguró que las ejecuciones extrajudiciales aumentaron en el país sudamericano y que en los últimos 18 meses se registraron 535 casos como consecuencia de la política de seguridad que impulsa Uribe.

La estrategia de seguridad del mandatario, respaldada por Estados Unidos, permitió reducir los índices de violencia y aumentar la inversión extranjera, situación que se ha reflejado en el crecimiento de la economía en los últimos años, pero que según grupos de derechos humanos disparó los abusos y las violaciones.

Pillay calificó como tremendos los esfuerzos del Gobierno para combatir las violaciones a los derechos humanos, pero advirtió que se debe hacer más.

"Mi recomendación es que se necesita hacer más en el área de derechos humanos en Colombia", concluyó.