Cesantías.

El directorio de la Federación de Fondos de Cesantía y Jubilación se reúne hoy, a partir de las 09:00, para analizar la posición que tomará frente al decreto ejecutivo 1406, el cual dispone que, a partir del 1 de enero de 2009, los fondos de jubilación patronal y de cesantía privada en las entidades del sector público no se financien con recursos del Presupuesto General del Estado.

El anuncio fue hecho ayer por Juan José Castelló, presidente nacional del Fondo de Cesantía de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y titular de la federación que agrupa a quienes tienen dichos beneficios adicionales en entidades como la Contraloría, Petroecuador y la Procuraduría, entre otras.

Aunque no quiere adelantar criterios hasta analizar a profundidad los alcances del decreto, hoy Castelló ya menciona que dichos fondos son “derechos adquiridos” y se deberá analizar algún mecanismo de “compensación”, dependiendo de cuál sea “la dimensión del perjuicio”.

“Como son derechos adquiridos, deberá haber un mecanismo de compensación en el supuesto de que existan partes del sector público que tengan aportes del Estado y en este caso genere una considerable pérdida (...). Tenemos que evaluar cuál es la dimensión del prejuicio para poder demandar una modificación (del decreto) a futuro o, si es que mantienen el decreto, (analizar) cómo impedir un perjuicio tan grande para jubilados de todo el sector público”, dijo el ex diputado del Movimiento Popular Democrático (MPD).

Pero no todos los empleados del sector público están de acuerdo con modificaciones o correcciones al decreto. Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, sostuvo: “En términos de justicia, no es injusto lo que se ha hecho (...). Los que estaban disfrutando de esos beneficios tendrán que someterse a una realidad dolorosísima”.

“La mayoría de los miembros de mi organización que están en los ministerios no tienen fondos de cesantía, en consecuencia, no impugno”, agregó García al explicar que solo el 10% de las 42 instituciones públicas tienen este tipo de fondos, siendo los más afectados quienes trabajan en el Banco Central del Ecuador (BCE).

Añadió que esto era parte de la remuneración, y que si bien es cierto que el Presidente de la República está en el derecho de eliminar ese aporte para estos fondos adicionales, este debería pasarse al sueldo.