La Asociación de Empleados de la Procuraduría negó, a través de un boletín, las acusaciones.

La Contraloría ratificó indicios de responsabilidad penal en contra de funcionarios y ex funcionarios de la Procuraduría por el supuesto mal uso de fondos públicos en este año.

Según el informe enviado al Ministerio Público, que se añadirá  a la indagación fiscal, el ex procurador Xavier Garaicoa aprobó una asignación para la Asociación de Empleados de la entidad por $ 3 millones, que sirvieron para comprar dos inmuebles, casas de descanso, con el argumento de que allí funcionen centros de capacitación.

Pero la auditoría realizada por la Contraloría determina que “el pedido de la Asociación no tenía fundamento legal; sin embargo, fue concedido...”. Además, observa que no se justifican las reformas que se hicieron al presupuesto institucional para la transferencia.

“La compra de bienes inmuebles... permitió que se eludan los procedimientos señalados en la Ley de Contratación Pública vigente a la fecha de adquisición”, señala el informe.

El segundo caso que registra indicios de responsabilidad penal corresponde a una asignación de $ 3,2 millones para capacitación. La Contraloría sostiene que la partida que se usó para esa transferencia correspondía a un rubro de otra naturaleza (denominado Otros de Uso y Consumo) y concluye que “la capacitación de su personal es responsabilidad de la entidad (Procuraduría) y no de la Asociación de Empleados”.

Pese a ello, ese dinero se utilizó para entregar, a propósito del aniversario institucional,  un bono de $10 mil a 348 funcionarios.

El miércoles pasado, el fiscal Washington Pesántez advirtió a los trabajadores de la Procuraduría de medidas si no devuelven el bono que les fue entregado. En los dos casos están involucrados el ex procurador Xavier Garaicoa, los representantes de la Asociación de Empleados y varios mandos medios. En total: 19 personas son investigadas por el mal uso de fondos públicos.