La Corte Constitucional es la máxima instancia de interpretación de la Carta Magna. Según dirigentes judiciales y de PAIS, debe encargarse de solucionar el vacío institucional que dejará la renuncia de los jueces sorteados.
De los 21 jueces que salieron sorteados para integrar la Corte Nacional de Justicia, solo uno aceptó ocupar ese cargo.
Ese vacío institucional podría ser resuelto por la Corte Constitucional (CC), opinaron los dirigentes de los servidores judiciales, un sector del gobiernista PAIS, y el presidente de ese órgano, Patricio Pazmiño.
Pazmiño ha dicho, en entrevistas anteriores, que los funcionarios públicos, incluidos los jueces, deben someterse a las normas constitucionales; de lo contrario, se aplicarían sanciones administrativas y penales.
Los 20 ex magistrados se excusaron de aceptar el nombramiento, ayer en una reunión reservada.
El único que aceptó el sorteo fue José Vicente Troya, que además reclamó a sus colegas por haberlo incluido en el comunicado mediante el cual la otrora Corte Suprema de Justicia rechazó el sorteo.
Para hoy está previsto que el Consejo Nacional Electoral (CNE) notifique a los jueces seleccionados a través de dos diarios de circulación nacional.
Además, el pleno de ese organismo electoral estableció que el próximo miércoles, a las 16:00, les entregará sus credenciales.
La falta de Corte Nacional de Justicia deja alrededor de 5.000 procesos estancados.
Tras la negativa de 20 de los 21 jueces que salieron sorteados para integrar la Corte Nacional de Justicia, la Función Judicial se queda sin el principal organismo de administración de Justicia. Ese vacío institucional podría ser resuelto por la Corte Constitucional (CC), único organismo facultado por la nueva Carta Magna para interpretar las normas legales.
Ese es el criterio que manejan los dirigentes de los servidores judiciales, un sector de PAIS y el presidente de la CC, Patricio Pazmiño, quien días atrás, al responder las preguntas de la prensa sobre un posible conflicto jurídico, aseveró que la Corte podría tomar decisiones en el momento que se den las dimisiones. Además, advirtió entonces que los funcionarios públicos, incluidos los jueces, deben someterse a las normas constitucionales; de lo contrario, se aplicarían las sanciones administrativas y penales.
Los 20 ex magistrados se excusaron de aceptar el nombramiento ayer por la mañana durante una reunión reservada en el Hotel Quito. Allí rechazaron el sorteo que realizó el Consejo Nacional Electoral (CNE) el miércoles de esta semana, con el argumento de que ellos llegaron a ser jueces de la Corte Suprema de Justicia, que fue sustituida por la Corte Nacional de Justicia en la nueva Constitución.
Bajo la dirección del ex presidente de la Corte Suprema, Roberto Gómez, quien los citó, los ex magistrados declararon que su decisión está enmarcada en derecho y las normas constitucionales vigentes.
El único juez que aceptó el sorteo fue José Vicente Troya.
Una hora antes de que terminara la reunión, que se efectuó entre las 10:30 y las 13:00, Troya se retiró molesto del salón. Reclamó a sus ex colegas por haberlo incluido en el comunicado público de rechazo al sorteo; aseguró que se tomó su nombre sin su consentimiento, pues estaba en el exterior. “Si hubiese estado en el país no habría permitido que se suscriba un manifiesto en el que constaba mi nombre”, dijo Troya.
A la sesión de ayer asistieron 18 de los 21 ex magistrados sorteados para integrar la Corte Nacional de Justicia. Además, estuvieron cinco conjueces, que respaldaron el pronunciamiento.
También acudió el ex magistrado Hernán Ulloa Parada, quien no fue escogido en el sorteo. A su ingreso afirmó que llegaba “para felicitar a quienes resultaron favorecidos”.
Al final del evento, los ex magistrados resolvieron que presentarán sus excusas ante el Consejo Nacional Electoral, que los designó, y el Consejo Nacional de la Judicatura.
TEXTUALES: Lo que dijeron
Roberto Gómez
EX PRESIDENTE DE LA CSJ
“Sin concertación entre sectores sociales y poderes del Estado no habrá salida a esta crisis ni la administración de justicia será viable”.
Fernando Casares
EX MAGISTRADO
“Si querían que integremos la Corte, el sorteo debió realizarse cuando teníamos vida jurídica (antes del 26 de octubre)”.