Intendencia.

En la parroquia El Carmelo, del cantón Tulcán, hay indignación. Varios habitantes del lugar acusan al intendente de Policía del Carchi, Ernesto Flores, de haberles vendido arroz que estaba en mal estado.

La polémica se inició el pasado fin de semana cuando el Intendente se dirigió a dicha localidad con una cantidad no especificada de quintales de arroz decomisado que iba a ser distribuida entre los pobladores del sector nororiental de Tulcán, con el objetivo de “ayudar en algo a la economía de los ecuatorianos”, según dijo la autoridad en esa oportunidad.

Este producto era parte de los 800 quintales de arroz y arrocillo incautados  hace más de un mes  por la Policía Judicial y el Ministerio Público del Carchi, en operativos realizados en varias viviendas ubicadas en el barrio La Esperanza, en el sector norte de Tulcán.

Sin embargo, por el tiempo que se encontraba en las bodegas de la Policía Judicial, el arroz empezó a dañarse, debido a la humedad reinante  producto de las lluvias que se han registrado en los últimos días.

No obstante,  según fuentes de la Intendencia, se recuperaron algunos quintales y esos fueron los que se destinaron para la venta a los pobladores de El Carmelo.

La distribución se realizó sin inconvenientes en el fin de semana. Los moradores de El Carmelo, incluso, mostraron su satisfacción por haber conseguido un arroz barato. Uno de ellos era Martha Champutiz, quien estuvo desde temprano en la Plaza Central esperando por el producto.

Pero al pasar las horas, esa alegría se transformó en indignación cuando preparó su primera comida con el producto por el que pagó 20 dólares el quintal y se enteró de que el arroz estaba podrido.

Posteriormente, la queja se repitió entre los otros consumidores que habían adquirido la gramínea, por lo que exigieron la devolución de su dinero.

“No es posible que se burlen así con nuestra salud. Nos podíamos haber intoxicado”, expresó Manuel Tixi, morador que compró un quintal.

Al conocer de estas denuncias, el intendente Flores dispuso a la Tenencia Política que devuelva el dinero a los compradores del producto.

Pero eso no es suficiente, indicaron los perjudicados, quienes exigieron sanciones.

El gobernador Efrén Benavides dispuso una investigación del caso, aunque adelantó que “el Intendente tuvo un error involuntario. Pido disculpas y esperamos no cometer este error en lo posterior”.