Más de $ 1.000 millones estaban previstos en el 2008 para obras eléctricas y petroleras.
Diez proyectos de inversión por $ 1.009 millones se encuentran ligados a los ingresos petroleros. De allí que la Secretaría Nacional de Planificación prepara un informe sobre el avance de los proyectos de inversión pública, sobre cuya base el presidente Rafael Correa decidirá cuáles son prioritarios y cuáles pueden postergarse.
Si bien la Senplades realiza una revisión permanente sobre la evolución de la obra pública, su análisis se intensificó luego de que el Primer Mandatario admitió en días pasados que, debido a la crisis financiera mundial y a la caída de los precios del petróleo, el fisco recibirá menos recursos de lo presupuestado.
De acuerdo al Ministerio de Finanzas, a inicios de este año se presupuestaron $ 1.009 millones para 10 proyectos hidroeléctricos y petroleros.
Por ejemplo, para el proyecto Toachi-Pilatón se aprobó una asignación de $ 223 millones; para la central Paute-Mazar, 135 millones de dólares; y para el proyecto Baba, $ 124 millones.
Además consta el financiamiento de estudios para los proyectos Zamora y Ocaña por $ 30 millones y $ 15 millones, respectivamente.
Entre las obras a financiar también se encuentran la rehabilitación y repotenciación de la refinería de Esmeraldas, con una inversión de $ 192,2 millones; otros $ 99,3 millones para el sistema de ramales y oleoductos secundarios de la estatal Petroecuador; $ 50 millones para estudios técnicos para la construcción de la nueva refinería y otras obras menores por un monto de $ 140,5 millones.
La lista no incluye el financiamiento del megaproyecto Coca Codo Sinclair, estimado en unos $ 1.600 millones, parte de los cuales también tenía previsto aportarlos el Gobierno.
Correa informó la semana pasada que el programa de inversiones para el 2009 incluye algo más de 300 proyectos de arrastre y 400 nuevos, que serán priorizados.
Para definir su continuación o postergación el ente planificador aplica una fórmula de cálculo que incluye la medición de la incidencia de cada obra en la productividad, generación de empleo, el avance en la ejecución, entre otros factores.
“En caso de que caiga el precio del petróleo oprimo un botón y me aparece la priorización de proyectos. Los que tengan menor prioridad se los puede posponer o suspender temporalmente, pues eso ya está automatizado”, dijo Correa.
A Jaime Carrera, secretario del Observatorio de la Política Fiscal, la decisión oficial no le sorprende. “Como se temía, este Gobierno sigue reproduciendo los vicios del pasado. Ya perdimos 37 años inflando el gasto público y elevando los subsidios durante las épocas de aparente bonanza petrolera. Mientras se continúe anclando el desarrollo al impredecible precio del crudo no lograremos un crecimiento sostenido. Nos condenan a seguir siendo pobres”.
Un estudio del Observatorio señala que este año el gasto público llega a $ 23.677 millones y representa un 48,8% del Producto Interno Bruto (PIB).
La mitad de ese gasto se financia con la renta petrolera estimada para el 2008 en unos $ 11.905 millones.
El panorama se complica si se toma en cuenta que para este año el Gobierno debe cubrir subsidios por $ 5.871 millones.
Carrera insiste en sustentar el desarrollo en una economía real, que atraiga inversión y fomente el empleo, aunque advierte que no hay señales de que se trabaje en esa línea.
TEXTUAL: Lo que dijo
Rafael Correa
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
“La caída del crudo podría causar problemas financieros el 2009, pero podrían ser solucionables con ajustes económicos”.