Incursión.

El Gobierno desafió a Colombia a que pruebe su denuncia, presentada el 3 de octubre pasado ante la  Organización de Estados Americanos (OEA), sobre la supuesta presencia de campamentos de las FARC en territorio ecuatoriano.

Ayer la Cancillería envió una respuesta a la OEA. En ese documento de nueve páginas se acusa al gobierno de Álvaro Uribe de montar una campaña de “desinformación” para desprestigiar a Ecuador.

La respuesta fue elaborada tras la reunión que mantuvieron ayer los ministros de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea; de Relaciones Exteriores, Ma. Isabel Salvador; de Defensa, Javier Ponce; y de Gobierno, Fernando Bustamante.

En el documento se solicita información a Colombia sobre sus acciones militares, policiales, administrativas y judiciales para controlar el orden público en los departamentos de Nariño y Putumayo (al sur del país vecino). También se demanda una explicación de las medidas que ha tomado para impedir el ingreso a Ecuador de “irregulares (guerrilleros o paramilitares)” e integrantes de bandas de crimen organizado.

Finalmente, se exige un detalle de las medidas administrativas, civiles y penales que ha emprendido Colombia para identificar y sancionar a los responsables de la incursión  militar el 1 de marzo  en Angostura.

“Colombia tiene la obligación moral de responder”, dijo Salvador. El ministro Ponce indicó que durante el 2008, con más de siete mil uniformados, las Fuerzas Armadas han realizado 102 operativos, y la Policía, 175 de reconocimiento y destrucción de campamentos y bases clandestinas de grupos insurgentes en la frontera. “Lo que hace Colombia es una acto de provocación y mala fe... exigimos que cuide su frontera e impida el paso de irregulares al Ecuador”, aseveró.

Por la mañana, el presidente Rafael Correa, en una ceremonia en la Brigada Patria, en Latacunga, también se refirió a Colombia. Señaló que el pasado 1 de marzo, día de la incursión colombiana en Angostura, debe ser recordado como el día de la infamia.

APUNTES: Derechos Humanos

Hostigamiento
El secretario de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu), Juan de Dios Parra, denunció ayer una “política de hostigamiento” a la población de la frontera  por parte de militares ecuatorianos y colombianos.