En el ‘Congresillo’  se tramitarán pedidos de juicio político a ministros y funcionarios, que constan en el artículo 131 de la Constitución; otras denuncias deberán tramitarse en la Fiscalía, sentenció  el presidente de la Comisión de Legislación, Fernando Cordero (PAIS).

Con ello, la fiscalización se reducirá a juicios políticos y tendrá un candado, porque para cualquier proceso de interpelación debe tener pruebas y el respaldo de 19 firmas, requisito que la oposición no lo posee.

Ayer, Cordero hizo públicas las diez comisiones que se armó en dos días de reuniones del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

La de Fiscalización será “especialísima” y no formará parte del grupo de las diez comisiones permanentes, dijeron ayer Cordero, Abel Ávila (MPD) y Diego Borja (PC), quienes coincidieron en que esta se armará cuando se cumplan los requisitos de la Constitución para seguir un juicio político.

Esa comisión tampoco será creada hoy cuando el pleno se reúna (a las 15:00) para ratificar lo aprobado por el CAL, porque se espera que los jefes de bloque, entre ellos Galo Lara (SP), presenten un reglamento de funcionamiento de la fiscalización. Por ello, ese proceso sería aprobado la próxima semana.

Borja comentó que la integrarán quienes tengan pruebas contra los funcionarios, y que no podrá haber  varias al mismo tiempo; es decir, que tendrá que concluir el primer proceso para dar paso a uno nuevo. “El objetivo no es lanzar acusaciones a diestro y siniestro, ni hacer una tribuna de figuración, sino cumplir con una fiscalización seria”, subrayó.

Ávila precisó que todos los asambleístas podrán fiscalizar desde el momento en que respaldan con su firma un juicio político y luego lo procesan mediante una comisión especialísima. La idea es viabilizar la sustanciación y evitar que la fiscalización esté en manos de siete legisladores, sino en los 76 que integran el Congresillo.

Lara anunció que si hasta mañana no se integra la comisión de fiscalización, su organización política armará una del pueblo para que se presenten las denuncias de corrupción del gobierno de Rafael Correa.

En cambio, Cordero dijo que toda las denuncias sin pruebas deberán evacuarse en la Fiscalía o Contraloría que también se encarga del control y transparencia de los fondos públicos.

Una vez presentado el pedido de juicio, Cordero, como presidente, calificará la admisión y nombrará a tres legisladores para que sustancien el proceso, y luego será el pleno quien defina si hubo o no responsabilidades.