Jueves 30 de octubre del 2008 Internacionales

Purga en ejército colombiano por acusaciones de crímenes

AFP | BOGOTÁ

Informes negativos.

El Gobierno colombiano realizó ayer una purga sin antecedentes en el Ejército al retirar a 27 uniformados, incluyendo 3 generales, en momentos en que es fuertemente cuestionado por organismos de derechos humanos y el país es visitado por la alta comisionada de la ONU, Navi Pillay.

La destitución de los militares responde a los resultados de una investigación del Ministerio de Defensa a las muertes de una veintena de jóvenes –desaparecidos a principios del presente año de un humilde sector del  suroeste de Bogotá– y  hechas pasar como bajas de la guerrilla en combates en el noreste del país.

“La investigación ha encontrado que puede haber integrantes de las Fuerzas Armadas incursos en asesinatos”, indicó el presidente Álvaro Uribe en una conferencia de prensa.

El Ministerio de Defensa dijo en un comunicado que hay “serios indicios de negligencia del mando en diferentes niveles” incluyendo “el planeamiento, conducción, ejecución y evaluación de las operaciones”.
 
Los tres generales destituidos eran los más altos responsables militares en la región (municipio de Ocaña) donde se presentaron los supuestos combates en que murieron los jóvenes.

Para el senador por el opositor partido Polo Democrático Alternativo (PDA, izquierda), Gustavo Petro, la causa de esta situación es la política implementada por el régimen  de Uribe de incentivar a los militares por el número de bajas como prueba de eficiencia.

Es de destacar la “coincidencia de que el hecho se produzca el día en que presentamos el informe (sobre desapariciones forzadas)”, señaló Alirio Uribe, miembro de la ONG Colectivo de Abogados.

Además, a inicios de semana fue presentado en Bogotá un informe de la ONG Misión Internacional de Observación que afirma que desde enero del 2007 hasta la fecha se ha reportado la desaparición forzada de 535 personas, en su mayoría por el Ejército.

Cerca de 1.300 colombianos han sido ejecutados de forma extrajudicial en su país desde el 2002, año en que asumió la presidencia Álvaro Uribe, señaló  el informe que acusa al Ejército colombiano de esos crímenes y desapariciones.
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