Menos exigencias.

La guerrilla de las FARC divulgó que sigue dispuesta a negociar con el gobierno un canje de secuestrados por rebeldes en prisión, en el sitio de internet de la Agencia de Noticias Nueva Colombia (Anncol).

La carta responde al pedido formulado el pasado 19 de septiembre por intelectuales, donde invitaban a las FARC “a desarrollar un diálogo público a través de un intercambio epistolar (...), que esclarezca las rutas en las que sería posible un entendimiento, en aras del anhelado acuerdo humanitario”.

En su respuesta, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no menciona las condiciones que insistentemente ha exigido, es decir, el despeje militar de las localidades de Pradera y Florida (suroeste) para dialogar allí, y que los rebeldes liberados deben retornar a la lucha armada.

“Es muy positivo”, aseguró la senadora opositora Piedad Córdoba, mediadora de un canje de rehenes por rebeldes presos, quien asegura que empieza una nueva etapa de negociaciones para  canje de rehenes.

Las FARC mantienen en su poder a dos políticos y a 26 militares y policías colombianos.

El texto está fechado el 16 de octubre, pero fue divulgado recién ayer, por lo que sería anterior a la fuga, la semana pasada, del ex congresista Óscar Tulio Lizcano, quien tras permanecer más de ocho años cautivo logró escapar por las selvas del suroeste de Colombia ayudado por uno de los rebeldes que lo custodiaba, Wilson Bueno Largo, Isaza, quien recibirá $ 400 mil de recompensa. Abogados buscan superar el dilema entre la acusación por secuestro, delito de lesa humanidad que se le imputará al insurgente, que no prescribe, y la necesidad de estimular la entrega de secuestrados con dinero.

Por ello, el fiscal general, Mario Iguarán, propuso la figura de un “arresto domiciliario fuera del país”.

DETALLES: Derechos humanos

Condena
Amnistía Internacional pidió ayer a la comunidad internacional suspender la ayuda militar a Colombia para evitar un aumento de las violaciones a los derechos humanos y criticó al gobierno del presidente Álvaro Uribe por negar la existencia de un conflicto interno armado.

La ayuda
Colombia ha recibido desde el 2000 más de 5.000 millones de dólares en asistencia militar y entrenamiento de EE.UU. para combatir el narcotráfico y grupos armados ilegales.