A diferencia del desaparecido Congreso Nacional, en la Comisión Legislativa transitoria o ‘Congresillo’ no habrá una subcomisión permanente dedicada a la fiscalización.

El mandato 23 de la Asamblea Constituyente indica que el pleno de la Comisión realizará el “control político” de funcionarios públicos una vez que las denuncias sean calificadas por la mesa directiva.

Si el pleno (en el que hay mayoría gobiernista) lo decide, se conformará una subcomisión multipartidista de tres miembros que realice las indagaciones y presente un informe.

El mandato indica, asimismo, que el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) tiene que expedir un reglamento de fiscalización.

Un procedimiento similar se seguirá  para investigar a los asambleístas que incurran en alguna de las ocho inhabilidades que señala el mandato, como gestionar cargos, administrar fondos públicos o celebrar contratos con el Estado.

Fernando Cordero (PAIS), ex presidente de la Asamblea, dijo que ese mecanismo evitará que los legisladores hagan “escándalos” para ganar popularidad.

“El derecho a fiscalizar los actos de los funcionarios públicos es sagrado de los legisladores. Pero no hay que hacer escándalos, no se puede anticipar, suplantar jueces, violar las garantías constitucionales. Hay mucha gente con prejuicios que dice que no haremos nada porque somos gobiernistas. A un gobierno diferente le interesa que se haga fiscalización, que marque historia”, indicó.

Pero Julio Logroño (SP) y León Roldós (RED) coincidieron en que el procedimiento fue pensado para bloquear el control político al régimen.

En el anterior Congreso, refirió Logroño, el proceso de investigación de un funcionario iniciaba cuando la Comisión de Fiscalización conocía una denuncia y lo llamaba a comparecer para oír sus descargos. Luego de la indagación presentaba un informe al pleno para que resolviera. Ahora será al revés.

“No quieren una comisión especializada para tapar los escándalos y las denuncias sobre hechos de corrupción”, dijo.

Roldós no está de acuerdo con que la directiva califique lo fiscalizable. “Tenemos la experiencia nefasta de la Asamblea, en la que todo se trabó en la directiva. Los dos únicos casos que salieron fueron el de Dayuma y el del superintendente de Compañías (Francisco Arellano), por insistencia de la RED”, comentó el legislador.

El ex diputado socialdemócrata Carlos González, quien fue presidente de la Comisión de Fiscalización del desaparecido Congreso, comento que todas las autoridades de control (Contraloría, Superintendencias, Procuraduría y las Cortes de Justicia)  han sido designadas por la Constituyente, que respondía al presidente de la República, Rafael Correa.

“Debería existir un órgano  que haga contrapeso, que podría ser una comisión del Parlamento, en la que no haya miembros de PAIS”, propuso.

Proceso
El mandato 23 señala que en la investigación no se aceptarán pruebas que se hayan obtenido mediante mecanismos ilegales o violando derechos humanos.

Plazos
La comisión multipartidista que investigue asambleístas debe entregar su informe al pleno en diez días.