Amparados en que la Constitución dispone que los procesos de estructuración de organismos del Estado cuenten con veeduría de la población, grupos sociales crearon un Observatorio Constitucional Ciudadano (OCC) que velará porque se cumplan los preceptos de la Carta Magna vigente.

Ayer, durante la firma del acta de compromiso del OCC, en Guayaquil, organizaciones como Participación Ciudadana (PC), la Coordinadora Política de la Mujer, la Asociación de Defensa del Consumidor Acción por la Vida, Fundación Voces del Silencio, el Foro Vigilancia de la Gestión Pública, entre otras, anunciaron que exigirán al Congresillo y demás entes de control político y financiero, transparencia en su proceder.

En ese sentido, Anunziata Valdez, subdirectora de PC, hizo una primera impugnación: que se haya designado a los integrantes del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral sin seguir un concurso de méritos y oposición. “No creemos que el Régimen de Transición sea un pretexto para violentar procesos y que los ciudadanos no podamos elegir o dar opiniones de los candidatos”, indicó.

Sobre Omar Simon, quien preside el Consejo Electoral y fue miembro de PC, Valdez dijo que, según la norma interna, él debió renunciar con al menos seis meses de antelación, pero por la rapidez y coyuntura, lo hizo hace dos semanas.

Ana Solano, de la Coordinadora Política de Mujeres, cuestionó que dentro del Régimen de Transición no se observe la paridad de género.

William Sánchez, presidente del Foro de Vigilancia de la Gestión Pública,  explicó que contribuirán con hacer públicos sus análisis sobre las actuaciones del Congresillo.