Una de las secuelas de la enorme concentración de poder y del culto a la personalidad que lenta pero firmemente está ocurriendo en el Ecuador es la frágil situación que atraviesan los derechos de los ciudadanos. La escasa cultura de respeto a los derechos y garantías que existía en el Ecuador, ahora ya casi no existe.

El proceso ha dejado al desnudo una sociedad civil extremadamente débil, incapaz de reaccionar en forma espontánea, organizada, colectiva o individual, o de cualquier otro modo, frente a una serie de hechos que son sumamente graves.

Las organizaciones no gubernamentales que se proclaman defensoras de los derechos humanos en el Ecuador han tenido el más triste de los finales imaginables: ponerse al servicio del poder estatal. Es una experiencia que ya la atravesaron otras naciones que nos llevan la delantera en la construcción de fascismos sociales. En Venezuela uno de los más visibles efectos de la consolidación del régimen autoritario fue precisamente el eclipse de las llamadas organizaciones de derechos humanos.

Prácticamente todas fueron cooptadas o simplemente colonizadas por el régimen.

Si en los años anteriores en el Ecuador las pocas organizaciones de este género ya habían perdido mucha legitimidad, pues, evidenciaban un sesgo ideológico y hasta partidista, en la defensa de los derechos humanos, ahora el deterioro es más grave, pues, están al servicio nada menos que del propio Gobierno.

¿Cómo explicar el total silencio, o la apagadita voz que por allí alzan estas organizaciones, frente a los abusos y atropellos que se reportan a diario?
El diferente trato que recibieron las estudiantes extranjeras vinculadas con las FARC y el que se le dio a la prefecta Llori; el abandono de la demanda de inconstitucionalidad contra el arcaico tipo penal del “desacato”; o el silencio frente a la suspensión de derechos constitucionales de forma singular a ejecutivos de una empresa, o la sumisión del desaparecido Tribunal Constitucional al Ejecutivo (virtualmente todas las demandas de inconstitucionalidad que ha presentado han sido aceptadas, algunas inclusive a la velocidad del rayo), su silencio frente a la doctrina de la “majestad presidencial”, o ante la persecución al editor del diario La Hora, o el haberle hecho el juego al Gobierno apurando un informe parcial sobre denuncias de desaparecidos para influir en la última campaña electoral, son algunos de los pocos ejemplos.

A pesar de todo lo anterior en el Ecuador necesitamos, y ahora más que nunca, de organizaciones no gubernamentales de defensa de derechos. De organizaciones que defiendan las libertades de la gente de izquierda o de derecha, sin distingo de sexo, de clase o de nacionalidad, y sin temor de contradecir al régimen. Las que ahora existen prácticamente fueron derrotadas por la lujuria del poder. (Se nos viene aquí a la memoria el título de la obra de Raymon Aron, El opio de los intelectuales).

Cuando la presente dictadura termine –sí, porque algún día terminará– estas nuevas organizaciones, creadas por personas que tomen en serio al Derecho,  seguramente jugarán un rol histórico.