Los privados fondos de pensión de Argentina, que el Gobierno intenta estatizar, deben repatriar 544 millones de de dólares invertidos en Brasil, en tren de fortalecer el mercado interno de capitales, reveló el martes una fuente gubernamental.

"Se tomó la decisión de la repatriación de fondos por 1.800 millones de pesos (544 millones de dólares) de común acuerdo con las Administradoras (de fondos jubilatorios)", afirmó la fuente que pidió anonimato.

La decisión de inyectar ese dinero al mercado argentino se da en el marco de la discusión del proyecto de ley para estatizar las jubilaciones privadas, que iniciaba el martes el Parlamento, y que en caso de aprobarse creará un sistema estatal único de pensiones.

Entre los argumentos del Gobierno para estatizar los fondos, figura el hecho de que el volumen total de activos en manos de los diez fondos se redujo drásticamente desde mediados de setiembre hasta mediados de octubre pasado.

La pérdida se produjo al compás de la crisis financiera global, según datos de la Superintendencia de fondos de pensión, que actúa como organismo de control.

Por lo tanto, los fondos que pasan del sector privado al Estado, si se aprueba la ley, son 26.000 millones de dólares y no 30.000 millones de esa moneda como se calculó hace una semana, cuando la presidenta Cristina Kirchneer lanzó el programa el martes 21 de octubre.

Los fondos privados fueron autorizados a volver a operar aunque con reestriciones en el mercado financiero el lunes, tras un veto judicial la semana pasada, a raíz de una investigación por presuntas maniobras fraudulentas con la liquidación de títulos de deuda pública en la jornada previa al anuncio.

El responsable del área previsional del gobierno, Amado Boudou, advirtió a los fondos que no vendan bonos ni corran a comprar dólares, y que mantengan la liquidez para llevar tranquilidad al mercado, sacudido por la iniciativa oficial de estatización y las derivaciones de la crisis financiera global.

Los fondos tienen un 55,32% de su cartera en operaciones de créditos públicos, según datos oficiales.

Cuentan con 9,5 millones de trabajadores anotados, pero sólo 3,6 millones son aportantes efectivos, ya que los restantes no cumplen con las contribuciones por evasión de las empresas o de los autónomos.