Compensación de la gratuidad es la disposición   que más inquieta. Hay otras  tres normas vigentes.

El sector educativo está preocupado por la aplicación de las   disposiciones transitorias de la Constitución que lo involucran:  la asignación de recursos, evaluación de instituciones unidocentes y pluridocentes, creación de una entidad que evalúe el sistema educativo superior y la jubilación de los profesores.

La disposición decimoctava es una de las que más inquieta. Se refiere a las asignaciones a la educación inicial y el bachillerato; la compensación que hará el Estado por  montos que dejarán de percibir las universidades y escuelas politécnicas públicas respecto a la escolaridad; y la entrega de fondos para las universidades particulares.

La compensación para los últimos tres meses de este año ya está fijada y será de $ 20 millones, según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). Sin embargo, el Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup) anticipa que  son insuficientes.

La entrega de este dinero se debe resolver “máximo en dos semanas. Solo falta la aprobación, los recursos ya están listos”, afirma el subsecretario de Senplades, René Ramírez

La preocupación de los rectores de las universidades se basa en la entrega. “Nos tienen que confirmar cuándo nos van a dar la compensación”, dice el rector de la Espol, Moisés Tacle.

“Hicimos una depuración uno por uno de 1.800 rubros”, indica Ramírez.

Para la ahora legisladora Martha Roldós (RED), quien integró la comisión de asambleístas que pulió esos textos, la transitoria “hay que cumplirla al pie de la letra”. “Lo que está queriendo hacer Senplades es que quiere interpretar lo que dice la Constitución en lo que se entiende por gratuidad”.

En ello coincide el legislador  Jorge Escala (MPD). “No le corresponde a Senplades asumir la posición de interpretar o determinar los requisitos”.

Tacle agrega que “hay discrepancias en cuanto a la precisión de los términos ‘escolaridad’ y ‘responsabilidad académica’”.

A Senplades le falta  definir la asignación para el 2009. Por ello se ha reunido con el Ministerio de Educación,  el Conesup y  la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE).

Sebastián Cevallos, presidente de la FEUE, indica que la asignación debe ser de $ 100 millones, aunque “hay rectores que hablan de $ 180 millones; están inflando las cifras”.

Además de las compensaciones, ha solicitado  subir el presupuesto de educación ($ 472 millones) el 20% para infraestructura académica. Esa petición se da porque con la gratuidad se prevé que aumente en ese nivel el número de alumnos de un total de 280 mil en las 18 universidades a nivel nacional.

La misma transitoria explica que las nueve universidades particulares continuarán recibiendo las asignaciones y destinarán esos recursos a la concesión de becas. Este año percibieron $ 470 millones.

En una reunión del martes pasado, el rector de la Universidad Católica de Guayaquil y presidente de la Corporación de Universidades Particulares, Michael Doumet, había dicho   que se conformó una comisión de trabajo.  “Hasta que no se elabore el reglamento seguiremos recibiendo los recursos. Se tiene que reglamentar la entrega de becas que podría ser por rendimiento académico”.

En esa disposición también se señala que el Estado asignará de forma progresiva recursos del Presupuesto para la educación inicial básica y el bachillerato con incrementos anuales de hasta el 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) hasta alcanzar el 6% del PIB.

Ismael Vergara, de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE), se mostró de acuerdo con esa disposición, que nació de la propuesta del gremio.

La subsecretaria de Educación, Mónica Franco, afirma que esos recursos se van a distribuir en función de los proyectos que tiene el Ministerio relacionado al plan decenal.

Dice que dependiendo de las necesidades de los establecimiento se darán los fondos.

Sobre la creación de una institución superior que fomente el ejercicio de la docencia y de cargos directivos, así como la evaluación de las carreras, programas y posgrados, Cevallos manifiesta que es necesario que se evalúe el sistema educativo.

El Ejecutivo será el que la cree, aunque en las disposiciones no explica en qué plazos.

El Ministro de Educación dirigirá en lo académico, administrativo y financiero.
La evaluación se realizará luego de cinco años de vigencia de la Carta Magna, en el caso de no superar ese proceso, quedarán fuera del sistema de educación superior.

Vigencia
Con la proclamación de la nueva Constitución, el pasado 20 de octubre en el Registro Oficial, las disposiciones transitorias ya están vigentes.

Educación
Las disposiciones que se refieren a la educación van desde la decimoctava hasta la vigésimo primera. Tratan sobre asignación de recursos, evaluación de instituciones y jubilación de los profesores.