Pero para tomar esa decisión se requerirá, ante todo, de una investigación policial, que no es tarea del maestro, por lo que difícilmente rectores y profesores podrán pronunciarse si no  disponen de pruebas concluyentes –como ellos argumentan– que señalen a los acusados con nombres y apellidos.

En realidad son los fiscales y los jueces los llamados a actuar. Amenazar  a las autoridades de los colegios no corresponde. 

En cualquier caso, la defensa de los estudiantes que resulten acusados tendrá un sólido argumento a su favor. Porque se educa con el ejemplo, y hace dos años, los mismos dirigentes políticos que hoy movilizan a los estudiantes atacaban a palos a los diputados de la oposición, defendiendo al Gobierno. Entonces no se acusó ni sancionó a nadie. ¿Qué se espera ahora de chicos que por lo visto aprendieron esa mala lección?