El retorno de los fondos privados de pensión al mercado financiero argentino, tras una veda judicial, generaba el lunes incertidumbre, tras las pérdidas en la bolsa la semana pasada, a raíz del proyecto oficial de estatización de jubilaciones que involucra el traspaso de 30.000 millones de dólares al Estado.

La jornada bursátil arrancó con una caída de 2,24% del índice líder Merval, situado en 870,25 puntos, tras el derrumbre de 26% acumulado la semana anterior, que los operadores atribuyen al desaliento generado por la iniciativa gubernamental, aunque potenciado por la crisis financiera internacional.

"Necesitamos que no jueguen en contra de Argentina. Esperamos que mantengan la liquidez y los plazos fijos y les pedimos que no operen con el dólar ni los bonos", advirtió a la prensa Amado Boudou, titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), al reunirse con directivos de los fondos de pensión.

Las diez Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) no operaron en el mercado la semana pasada por decisión judicial, a raíz de una denuncia por presunta administración fraudulenta por la liquidación de bonos del Estado un día antes del anuncio del proyecto de estatización.

Boudou aseguró que la ANSES colocó veedores en cada una de las AFJP para monitorear sus operaciones financieras, en busca de "mantener la tranquilidad en el mercado cambiario".

Una mayor demanda de dólares entre empresas y particulares viene provocando una devaluación del peso argentino, que perdió 1,85% en los últimos cinco días, y abrió este lunes cotizado a 3,30 por cada billete estadounidense.

La preocupación gubernamental es que frente el proyecto que elimina las jubilaciones privadas, las AFJP, que tuvieron en los últimos meses una pérdida de rentabilidad por la crisis global, se desprendan de sus activos en bonos del Estado y acciones y corran al dólar.

El proyecto de estatización de pensiones, que comenzará a tratarse el martes en el Parlamento, donde el oficialismo cuenta con mayoría, provocó alarma entre aportantes al sistema privado, que en algunos casos anticiparon que impulsarán juicios contra el Estado.

El gobierno insiste en que el objetivo de la medida es evitar que los fondos previsionales queden sujetos a los vaivenes del sistema financiero, y argumenta que el Estado subsidia con 4.000 millones de pesos anuales (1.216 millones de dólares) al sistema privado para garantizar el pago de las pensiones mínimas.

Pero quienes se oponen a la estatización aseguran que el gobierno tiene motivaciones fiscales, debido a los compromisos de deuda que debe afrontar en 2009 y 2010, y vaticinan que, con el traspaso de los 30.000 millones de dólares al Estado, caerán los créditos a la producción y el consumo.

Uno de los puntos centrales del debate parlamentario serán los límites que tendrá el gobierno para mover los fondos del nuevo sistema estatal único de reparto.

Legisladores de la oposición socialdemócrata que apoyan la estatización exigen modificaciones al proyecto, entre ellas que se garantice la intangibilidad de los depósitos previsionales, y que no se derive ese dinero a la obra pública ni a gasto electoral.

El sistema privado cuenta en Argentina con 9,5 millones de trabajadores anotados, pero sólo 3,6 millones son aportantes efectivos, pues los restantes no cumplen las contribuciones por evasión previsional, según estadísticas oficiales.