La Policía y el Gobierno cambian decisiones por crímenes de alto impacto o marchas ciudadanas. Lago Agrio, Santo Domingo, Esmeraldas, Guayaquil y Manta son las ciudades más peligrosas del país, según las autoridades.
Asesinatos en los que muere algún policía, secuencias de robos o alguna marcha organizada por ciudadanos ante el aumento de crímenes para exigir mayor seguridad, son motivos para que el Gobierno y la Policía reaccionen casi de inmediato.
Durante la semana pasada, la ciudad que hizo méritos fue Manta, donde unas cuatro mil personas pidieron el cambio de la cúpula policial provincial.
Al día siguiente de la concentración el ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, realizó una visita fugaz y anunció el cambio de los jefes y la ejecución de nuevas estrategias.
Para el general del IV Distrito de la Policía, Euclides Mantilla, la situación no obedece a un crecimiento delincuencial.
Mantilla asegura que los resultados se observarán con la vigencia de la emergencia operativa a nivel nacional que se declaró el martes pasado.
El jefe policial recalca que “los delitos no han evolucionado, sino que son maximizados por la prensa”.
Las autoridades policiales y funcionarios, cuya misión consiste en combatir el hampa, se mueven al ritmo de las organizaciones dedicadas a cometer ilícitos en el país.
Sin embargo, para el general del IV Distrito de la Policía, Euclides Mantilla, la situación no obedece a que exista un crecimiento delincuencial.
Según el uniformado, los índices de criminalidad no han aumentado, al contrario, se han mantenido, asegura.
“Los cambios no se dieron por un mal desempeño de los jefes anteriores, sino por sensibilidad con la comunidad”, agrega el oficial, quien expresa que “la alarma en Manta eran los muertos, pero el 80% de los fallecidos eran delincuentes con amplios historiales”.
Evolución de los delitos
La evolución de los casos delictivos que se registran a nivel nacional provocó que la Policía cambie de tácticas, según explicaron funcionarios de Gobierno, lo que dejó en evidencia que lo realizado hasta el momento poco sirvió para combatir el hampa con efectividad.
Ante esto Bustamante informó que la estrategia abarca la aplicación de mecanismos para evaluar la capacidad de los jefes policiales. “Los que no cumplan pues deberán irse”, especificó.
Incluso a Manabí se designó al general Florencio Ruiz para que se encargue de inspeccionar y medir la efectividad de los operativos.
Mantilla asegura que los cambios empezarán a observarse con la vigencia de la emergencia operativa, que se declaró el martes pasado, a la vez que tiene una opinión diferente a la del ministro Bustamante y dice “que los delitos no han evolucionado, sino que son maximizados por la prensa”.
“La percepción no es equivocada, la gente no se equivoca porque si le meten por los ojos y oídos, todo el tiempo, información negativa hasta yo en algún momento me voy a asustar”, critica Mantilla, quien, mostrando las estadísticas hechas por la Espol (entidad encargada en Guayaquil de medir los delitos), insiste con mayor énfasis en que estos no se han incrementado en este cantón.
“Las estadísticas de delitos son normales para una ciudad como la nuestra (Guayaquil), por su número de habitantes, la extensión territorial y la problemática social”, afirma.
Mientras, las víctimas de robos y asaltos en bares, restaurantes y discotecas llegan a tal punto de intolerancia que rechazan la presencia policial, como sucedió la noche del pasado martes cuando clientes del bar Liverpool, ubicado en Urdesa, que habían sido asaltados por cuatro delincuentes, rechazaron a los uniformados.
Otra reacción de los afectados, ante los delitos, es la desesperación, como pasó con José Lara, el pasado jueves, quien tras perder 300 mil dólares en joyas en un estruche en el centro de Guayaquil pidió al Presidente de la República y al Ministro de Gobierno que “acepten que lo que sucede en la ciudad no es simple percepción”.
La Policía anuncia que los uniformados que trabajan en áreas administrativas tendrán que salir a patrullar.
Cifras
Emergencia operativa
$ 320 millones.
Ese es el monto asignado por el Gobierno para el presupuesto de seguridad en el 2008 y 2009.
De este dinero, 81 millones de dólares fueron destinados para el presupuesto del presente año.
$ 170 millones.
El Gobierno asignó esta cantidad para la ejecución de 84 proyectos, 73 de los cuales son destinados a la Policía
31 comisarías.
Las instalaciones serán remodeladas dentro de los planes del Gobierno. Además, el mes pasado empezó la reconstrucción del Cuartel Modelo de Guayaquil.
4 horas.
Los policías de las áreas administrativas trabajan ese número de horas a la semana en las calles realizando patrullajes preventivos.
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