Fue una decisión jurídica inédita. Se supone que las amnistías echan un manto de olvido sobre determinada falta a la ley, pero no sobre la gestión completa de un servidor. Si mañana alguien acusa a la señora Cantos de cualquier otro delito durante su gestión, nadie podrá juzgarla, porque ya está amnistiada de antemano. ¿Se  puede pedir así  que la consideremos “independiente” del régimen?

Alianza PAIS  contestará  que no se puede poner en duda la honorabilidad de la señora porque simpatiza con el Gobierno. Pero no se trata aquí de cuestionar las virtudes o defectos de nadie, sino de constatar el vínculo objetivo, evidente y palpable que el partido de Gobierno creó con Alejandra Cantos cuando le otorgó una amnistía tan generosa. Ni la Madre Teresa reclamaría, en esas circunstancias, una independencia imposible de sostener.

El núcleo de la reforma política que propuso Alianza PAIS era que los ciudadanos manden sobre los partidos. Para eso repletaron la nueva Constitución de concursos, para escoger casi todo. Pero ni siquiera para disimular revisaron las carpetas de los otros candidatos, ni sometieron a consulta pública sus nombres. Si lo hubiesen hecho, estos cuestionamientos seguramente habrían saltado.

 En su lugar, se  escogió a personas de confianza. De tal modo que si antes los organismos electorales estaban en manos de tres o cuatro partidos, ahora, con la Revolución Ciudadana, estarán en manos de uno solo. 

Se corrobora  que para Alianza PAIS la independencia y eficiencia de los funcionarios públicos no es esencial. Sus criterios éticos son otros. De lo contrario, Fernando Bustamante  ya se habría ido a su casa, porque hace tres meses dijo que el auge delictivo era una “percepción” inventada por los periodistas y ahora reconoce que le causa “dolores de cabeza”. Al policía Byron Palacios la inseguridad no le causó una migraña sino que le arrancó la vida. Pero el que renuncia no es Bustamante sino los jefes policiales de Manta, que nunca negaron que el crimen estuviese en ascenso.

Por último, Alianza PAIS ha amenazado a los integrantes de la Corte Suprema con el infierno si no se someten a su voluntad y a un sorteo, como en las tómbolas, para que la suerte escoja a “los mejores”. Es la Revolución Ciudadana. Antes la partidocracia mandaba sobre la Justicia; ahora los nuevos partidócratas hacen lo mismo.

El argumento del bando gobiernista es que los magistrados deben acatar la Constitución. ¿Pero entonces por qué  aceptaron la renuncia de Alberto Acosta, Mónica Chuji y demás, que no concurren a las sesiones de la Asamblea aunque la nueva Carta Magna ordene lo contrario? ¿Los asambleístas sí pueden renunciar y los jueces no?

Es la revolución ciudadana. Ya no mandan los viejos partidos. Ahora manda el dedo de Alianza PAIS.