Más allá de estar presenciando la crisis financiera global más grave desde los años treinta y de interpretar las causas, razones y excesos que han originado tal colapso, resulta importante analizar el enfoque particular que los diversos gobernantes de la región están dando al problema.
Ciertamente, en medio de la retórica que achaca todo al capitalismo y alaba cualquier práctica del colectivismo (ya vamos a oír todo lo que dirá Chávez sobre este tema la próxima semana cuando visite el Ecuador), resulta innegable que los países latinoamericanos están ya sufriendo y seguramente lo harán de una manera mucho más grave, las consecuencias de la crisis financiera global. Si en un principio, algún fervor nacionalista proclamaba que países como el nuestro estaban inmunes al problema, es ahora claro que tendremos efectos muy ciertos y severos como parte de la propagación de la crisis que por el momento sigue incontrolable.
En ese escenario de deterioro financiero internacional, el Gobierno ecuatoriano tiene la tarea de asumir no solo el problema de la caída del precio del petróleo sino también la evidente disminución de las remesas que de forma generosa han enviado miles de emigrantes en los últimos años y que han servido de sostén principal para gran parte de la economía nacional. En España, por ejemplo, la situación es realmente crítica, situándose el nivel de desempleo a niveles del 11,33%, la cifra más elevada en los últimos catorce años; el sector de la construcción, que es uno de los que más acoge la mano de obra ecuatoriana, ha perdido 135.000 puestos de trabajo solo en este trimestre, lo que demuestra la vulnerabilidad a la que se someterá el envío de remesas desde España.
Esta situación ha propiciado que en las últimas semanas hayan crecido las versiones de que en un tiempo más corto del previsto, se decida abandonar el dólar estadounidense e incorporar una nueva moneda oficial; circulan correos electrónicos con versiones seguramente forjadas de decretos imponiendo la nueva moneda listos para ser expedidos, encargos de impresión de billetes, etcétera, seguramente propiciados por gente que quiere alentar algún tipo de desorden en el proceso. No puede descartarse, por otra parte, el análisis del innegable costo político que tuviese un cambio de moneda, con mayor razón a las puertas de nuevas elecciones, sin olvidar el discurso ambiguo que en la Asamblea se dio sobre el tema. Alguien podría decir que todo es pura especulación. Quizás ese sea el problema.