El juez español Baltasar Garzón procesó este viernes a 24 personas, sospechosas de pertenecer a la red de extorsión y financiación de la organización independentista armada vasca ETA.

Estas personas están acusadas de haber enviado cartas de extorsión a empresarios del País Vasco (norte) y de Navarra (norte), reclamando el pago del "impuesto revolucionario" por cuenta de ETA, o de recaudar directamente el dinero entre esos jefes de empresas.

La investigación del juez se refiere concretamente a cartas "enviadas entre 2001 y 2006", escritas en euskera y acompañadas por una copia en español, en las que se fijaban el plazo y el monto del pago, explicó el juez Garzón en su dictamen.

Las misivas fueron enviadas desde Francia y amenazaban con convertir "en objetivos militares" a los destinatarios y a sus bienes en caso de que no pagaran, según el juez de la Audiencia Nacional, el tribunal antiterrorista español.

La financiación de las actividades de ETA proviene esencialmente del llamado impuesto revolucionario, un mecanismo de chantaje a los empresarios vascos y navarros.