La próxima semana, la Corte Constitucional (CC) transitoria estaría en capacidad de analizar un eventual desacato de las normas constitucionales vigentes, por parte de los magistrados de la  Corte Suprema de Justicia (CSJ), o de otros funcionarios públicos.

Ello, considerando que ayer los  jueces anunciaron que no regresarán a sus cargos, a partir del lunes de la próxima semana, pues terminaron sus periodos y, por tanto, sus funciones, tal como dispone el Régimen de Transición, aprobado con la nueva Constitución.

El pasado martes, el presidente de la CC, Patricio Pazmiño, advirtió con la obligatoriedad de someterse al nuevo texto de la Carta Política vigente, a fin de aplicar las sanciones contempladas en el Código Penal.

Con ello, Pazmiño respondió consultas sobre un eventual desacato que podrían cometer los  jueces de la CSJ, que anunciaron que no se someterán al sorteo para conformar la nueva Corte Nacional de Justicia, ente al que accederán, según las nuevas normas constitucionales, 21 de los 31 jueces de la Corte Suprema de Justicia.

Esa advertencia fue cuestionada por los magistrados de la CSJ, que insistieron que nadie puede vulnerar sus derechos y obligarlos a desempeñar un cargo que no quieren ejercer.

Así se expresó el  magistrado de la CSJ, Fernando Casares, quien insistió que la Asamblea representada en el Congresillo que se instaló ayer, no tiene plenos poderes para obligarles a permanecer en los cargos  que han decidido dejar.

“Si se ponen en ese plano entonces estaremos en una dictadura”, dijo, al aseverar que los jueces se acogerán al artículo 33 de la Constitución vigente que determina que el trabajo es un derecho y deber social...

El Estado garantizará a los trabajadores el pleno respeto a su dignidad y trabajo libremente escogido por las personas y no obligado como lo quieren hacer con los magistrados.

También hizo mención al artículo 66, numeral 17, que garantiza el derecho a la libertad de trabajo.

En esa misma línea se pronunció el  presidente de la CSJ, Roberto Gómez, al afirmar que quienes hablan de desacato no tienen noción de los derechos fundamentales consagrados en Constituciones democráticas.

“No continuaremos y nadie nos puede obligar a seguir en el puesto”, dijo Gómez.