Miércoles 22 de octubre del 2008 Economía

Decreto preocupa a acuicultores

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En el sector camaronero se analizan los alcances del decreto de regularización expedido por el presidente Rafael Correa. Según reportes, hay 44.642 hectáreas en condición irregular.

Las adjudicaciones hechas por el extinto Ierac y el INDA se  anularán tomando de base el año 1977.

Las reformas al Reglamento de Ley de Pesca contempladas en el reciente decreto expedido para regularizar la actividad camaronera, prohíben el otorgamiento de nuevas concesiones para ejercer la acuicultura. Actualmente hay 175.748,55 hectáreas ocupadas en el país.

Según el documento suscrito el pasado 15 de octubre por el Jefe de Estado, la reforma se adoptó tras detectarse que “existen personas naturales y jurídicas que, habiendo obtenido una concesión, han ocupado sin autorización áreas en mayor extensión a las concedidas”; y otras que nunca obtuvieron concesiones, pero explotan esas áreas desde 1990.

Una vez que entre en vigencia el decreto, quienes están en esta situación deberán, en un plazo de 90 días, solicitar la regularización de esas ocupaciones, reforestar manglar en un año y pagar, por haber ocupado ilegalmente los terrenos, en dos meses contados desde que la Autoridad Marítima les notifique (la tasa por ocupar esas áreas subió a $ 25 por ha).

El Ministerio del Ambiente y la Autoridad Marítima aprobarán las áreas a reforestar y vigilarán su cumplimiento.

Quienes posean camaroneras en áreas adjudicadas por el extinto Ierac o el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) también tendrán que ajustarse. El texto dispone al director del INDA declarar “la nulidad” de esos procesos tomando como base el año 1977, pues estas entidades “no podían dar zonas de playa y bahía, ni manglares”, indica.

Estos adjudicatarios podrán regularizarse en un plazo de 90 días desde la declaratoria de nulidad ante la Subsecretaría de Acuacultura, para obtener el correspondiente acuerdo interministerial de concesión.

Logrado esto, tendrán un año para conseguir el permiso de la Autoridad Ambiental; de lo contrario, esas tierras serán revertidas al Estado.

Respecto al decreto, César Monge, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), explicó que la prohibición de nuevas concesiones no es nueva, pues desde 1999 no se otorgan al sector.

La tarde de ayer, este gremio se reunió para analizar a profundidad el texto. Sin embargo, Monge anticipó que elevar la tasa a $ 25 por ha “no tiene mucho sentido en una época en que el principal mercado del producto enfrenta una crisis”.

DETALLES: Voces de rechazo

Defensores del manglar
Los Pueblos Ancestrales del Ecosistema Manglar reunidos en Muisne, el 18 de octubre, expresaron su rechazo al decreto, pues dicen que este reconoce la ilegalidad.

Medidas en contra
“Tomaremos las medidas necesarias para hacer valer nuestros derechos”, dijeron, y responsabilizarán al Gobierno por conflictos que se desaten.

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