Los países de la Unión Europea (UE) alcanzaron este miércoles un "acuerdo de principio" para poner en vigencia a partir del 2011 una "Tarjeta Azul" destinada a inmigrantes altamente cualificados, que busca rivalizar con la "Green Card" norteamericana, indicaron fuentes europeas.

República Checa y Bulgaria levantaron sus reservas durante una reunión de embajadores de los 27 miembros de la UE en Bruselas, lo que permitirá la adopción definitiva del proyecto a fines de noviembre, precisaron las fuentes.

La "Tarjeta Azul" entrará en vigencia 30 meses después de su adopción definitiva, precisa el acuerdo.

Esta condición fue planteada por República Checa, que no quería ver aplicada esta iniciativa hasta 2011, cuando cesen las restricciones de acceso de los trabajadores de los países del este de Europa a los mercados laborales de los "viejos" miembros de la UE.

La "Tarjeta Azul" tiende a regular la inmigración con fines profesionales y busca responder a las necesidades de mano de obra cualificada.

Para obtenerla, los aspirantes deberán cumplir con una serie de requisitos, como tener un diploma universitario de tres años o experiencia profesional de cinco años en un sector, y asegurarse ganar un salario que represente el 50% más del ingreso medio del país en el cual pretenden trabajar.

Varios miembros de la UE obtuvieron la posibilidad de reducir a 20% la diferencia entre el salario prometido al inmigrante y el ingreso medio del país.

Si la idea se inspira en la "Green Card" norteamericana, la "Tarjeta Azul" no será sin embargo una autorización permanente ni un permiso de trabajo válido para el conjunto de la UE.

En cuanto a las críticas por la posible "fuga de cerebros" a la que podría dar lugar, los 27 prevén que "los Estados miembro deben abstenerse de buscar la contratación activa en los países en vías de desarrollo en los sectores que sufren carencias de recursos humanos".

La "Tarjeta Azul" forma parte de un paquete de medidas de la UE para controlar mejor sus flujos migratorios, entre ellas la polémica "Directiva Retorno" que armoniza las condiciones de expulsión de los inmigrantes ilegales en Europa con periodos de retención de hasta 18 meses.

El paraguas político para estas iniciativas es el "Pacto europeo de Inmigración y Asilo", adoptado la semana pasada en la cumbre de líderes de la UE en Bruselas, que recoge "principios fundamentales" para evitar "afectar los intereses de los demás" y para cooperar en la lucha contra la inmigración clandestina.