La medida se basa en resultados de la Comisión que audita la deuda.

Un equipo de abogados, liderado por el subsecretario Jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, analiza las bases jurídicas para declarar ilegítimo el crédito por $ 286,85 millones otorgado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) para la construcción de la central hidroeléctrica San Francisco.

El análisis también busca que la constructora brasileña Odebrecht, responsable de la obra y expulsada del país hace 21 días, responda por las pérdidas causadas al país por las fallas y paralización de la central, que funciona desde hace un año.

“La decisión de la declaratoria de ilegitimidad se sustenta en los resultados del trabajo de la Comisión para la Auditoría de la Deuda, que detectó varias irregularidades en el procedimiento precontractual y contractual del préstamo”, dijo ayer Hugo Arias, miembro de la Comisión. “Encontramos tantas irregularidades que sobran argumentos para declarar ilegítimo y disponer el no pago de ese préstamo”, comentó.

Karina Sáenz, también de la Comisión, estuvo a cargo del análisis del crédito del Bndes.

“Nos basamos en información que el Fondo de Solidaridad entregó, según la cual los procesos precontractual y contractual estuvieron viciados desde el inicio”, aseguró.

Para la construcción de la obra se firmó un contrato, bajo el mecanismo llave en mano entre Odebrecht e Hidropastaza, dos entidades de derecho privado, por lo cual Sáenz aseguró que al Estado no le correspondía garantizar el financiamiento.

Además responsabilizó a Odebrecht y a Hidropastaza de violar la Constitución al autorizar la capitalización de intereses, que elevó el monto del crédito a unos $ 500 millones. “Nos llama la atención cómo se dio paso a un crédito tan perjudicial para el país. Este es un tema por el que deben responder no solo las contratantes sino los miembros del directorio del Banco Central, de las autoridades de control,  Ministerio de Economía y de todas las instancias de aprobación”, enfatizó.

Arias sostuvo que al declarar la ilegitimidad del crédito es posible invalidar el contrato inicial y todas las adendas en las cuales se obliga al Estado a pagar de cualquier manera.

Para el jurista Ramiro Aguilar no es tan sencillo y, más bien, advirtió que el panorama jurídico en este caso no es favorable para el gobierno de Correa.
Si bien Aguilar no defendió  a la constructora, aseguró  que el Jefe de Estado no procedió constitucionalmente, por lo cual Odebrecht podría demandarlo ante la Corte Constitucional, creada en la nueva Carta Política.
“La compañía tiene todas las de ganar, porque no había sustento constitucional para declarar el estado de emergencia que respaldó la expulsión de Odebrecht, la incautación de sus bienes...”. Según la Constitución, ese estado puede dictarse en situación de conmoción nacional o catástrofe.

Recordó un antecedente sobre esas declaratorias: “El decreto del congelamiento bancario, dictado por el ex presidente Jamil Mahuad, se emitió después de declarar en estado de emergencia, de igual manera que ahora, sin cumplir los requisitos y posteriormente fue declarado inconstitucional”.

Odebrecht
La empresa ha dicho que “...todos los contratos en ejecución estaban firmados o renegociados en el presente Gobierno y contaron con informes favorables de los organismos de control...”.

Comisión
Karina Sáenz, de la Comisión de la Deuda, dijo que no hay responsabilidad del actual Gobierno y plantea examinar el proceso desde el 2000 para establecerlas.