La regularización de camaroneras anunciada por el presidente Rafael Correa ya tiene plazos, costos y sanciones.

El decreto con el cual se hacen reformas al Reglamento de Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, con once disposiciones transitorias, se expidió el pasado 15 de octubre y entrará en vigencia una vez que se publique en el Registro Oficial.

Allí se establece que 44.642 hectáreas no disponen de concesión y por ello se dispone a los concesionarios irregulares cumplir ciertos requisitos para acceder a la formalización.

Entre ellas, que las camaroneras tengan una infraestructura totalmente construida, en plena operación y que consten en la cartografía histórica elaborada en 1999 por el Clirsen.

Si hubo tala de manglares en áreas ocupadas ilegalmente, estas deberán ser reforestadas a costo del propietario. Hasta 10 hectáreas, la reforestación será del 10%; de 11 a 50 ha, del 20%; y de 51 a 250 ha, del 30%, y se cumplirá en un año, contado desde la fecha en que se inicie el trámite de regularización.

Tendrán que pagar los derechos por las áreas de ocupación ilegal (quienes se extendieron más de su concesión), pero al plan no entrarán los predios situados en zonas protegidas. Estos serán desalojados.

Se establece la tarifa por ocupación de zona de playa y bahía para el cultivo de especies bioacuáticas en $ 25 por ha, pero las primeras 10 ha no tendrán costo. Además, prohíbe otorgar nuevas concesiones en áreas de manglares y salinas para actividades acuícolas.