Deploro abiertamente que quienes se oponían a la Constitución no exhibieran contra ella argumentos sólidos, optando por la deleznable modalidad de calificar a la Carta Magna de abortista. Deploro aún más que la alta jerarquía de la Conferencia Episcopal y el Opus Dei utilizaran el tema para una amplia campaña política (se dijo que era por principios morales), campaña de la cual han quedado desairados toda vez que el “No” obtuvo bajísima votación de un pueblo mayoritariamente católico. Me pregunto en qué ha quedado la autoridad de la Iglesia.

De hecho, el problema del embarazo y aborto de niñas y adolescentes es un tema tan serio que debería merecer la más concienzuda preocupación de los poderes públicos, padres de familia y maestros. Baste mencionar algunos alarmantes datos de la realidad.

Durante el 2007, en los centros hospitalarios de la provincia de Guayas, se atendieron 51.319 partos, de los cuales 17.600 correspondían a menores de 20 años, es decir que el 34% de las embarazadas eran adolescentes. De ellas, 4.000 eran menores de 15 años. En algunos servicios atendieron a niñas de 10 años, que llegaban embarazadas.

El 70% de las adolescentes tuvo que someterse a cesáreas, pues sus cuerpos no estaban preparados ni anatómica, ni fisiológicamente para el embarazo y el parto. Esto implica que a futuro, si tienen nuevos embarazos, ellas tendrán que someterse, cada vez, a la operación cesárea.

El 80% de las niñas embarazadas son expulsadas de sus colegios. La mayoría son solteras y tienen que enfrentar crueles e imprevistos problemas. Sus hijos nacen inmaduros, muchos de ellos no pueden ser alimentados con el seno y, más grave todavía, un alto porcentaje no son legalmente reconocidos por sus padres, mucho menos ayudados económicamente. Los padres son menores de edad y dependen de su familia, con pocas excepciones. Son miles los niños que van a crecer sin la presencia del padre. Se suman así a los muchos miles de niños que viven sin presencia paterna debido a la brutal emigración de principios del presente siglo.

Los abortos constituyen la otra cara de la medalla. Baste considerar que la Maternidad Ayora de Quito, durante el 2007, atendió 470 abortos incompletos. Precisamente por ser abortos incompletos recurrieron las pacientes al hospital. Lo cierto es que hay un número indeterminado de abortos que se atiende en forma privada.

Esta es la realidad. Embarazo precoz y aborto afectan a miles de personas y familias. No hay Constitución ni leyes que por sí mismas puedan solucionar este lacerante problema. Se trata de una compleja situación social, cultural, educacional y económica de toda la población ecuatoriana.
Mientras más pronto gobierno y sociedad busquen y encuentren soluciones, tanto menos nuestro país padecerá las consecuencias.

El problema del embarazo y aborto de niñas y adolescentes es un tema tan serio que debería merecer la más concienzuda preocupación de los poderes públicos, padres de familia y maestros.