La garantía constitucional de la libertad de expresión nace en la primera Constitución que tuvo nuestro país, en la Asamblea Constituyente de 1830, en Riobamba, en cuyo artículo 64 sostuvo: “Todo ciudadano puede expresar y publicar libremente sus pensamientos por medio de la prensa, respetando la decencia y moral pública, y sujetándose siempre a la responsabilidad de la ley”.

En 1944, producida la insurgencia violenta del 28 de Mayo –movimiento nacional urdido para tumbar al presidente Dr. Carlos Arroyo del Río–, la mayoría socialista, comunista, élites intelectuales convocaron –como siempre– a una Asamblea Constituyente, que elaboró la Constitución de 1945. Esta, en su artículo 141, numeral 10 refería: “El Estado garantiza la libertad de opinión cualesquiera fueran los medios de expresarla y difundirla. La ley regulará el ejercicio del periodismo, tomando en cuenta que este tiene por objeto primordial la defensa de los intereses nacionales y constituye un servicio social acreedor al respeto y apoyo del Estado. Ninguna autoridad podrá suspender o clausurar periódicos, ni por delitos de prensa, secuestrar imprentas e incautar publicaciones”.

En la Constitución de 1998, el artículo 23, numeral 10,  reza: “El derecho a la comunicación y a fundar medios de comunicación social y a acceder, en igualdad de condiciones, a frecuencias de radio y televisión”. Aquí se habla del derecho a la comunicación que es un concepto más amplio.

¿Cómo es que estando tan garantizada la libre expresión en muchas ocasiones se la ha violado? –El Dr. Diego Oquendo Silva, periodista quiteño con más de 40 años de experiencia, en su libro Una piedra en el zapato, se refiere en extenso a las víctimas del Periodismo–. Se han buscado resquicios, elaborar decretos como el dictado por el Dr. Oswaldo Hurtado, según Oquendo, donde bajo estados de emergencias se dispone que los medios serán administrados por sus propietarios bajo el control del Estado, pudiendo ser requisados (artículo 10, decreto ejecutivo Nº 62 R.O. reservado Nº 977 agosto 19 de 1982).

También hay otros modos de pretender coartar la libre expresión, como por ejemplo cuando se obliga a grandes empresas a no dar publicidad a ciertos medios que hacen oposición y crítica al gobierno.

En la historia del Ecuador, la aportación del periodismo es inmensa; basta recordar las denuncias comprobadas que generaron juicios penales y cárceles a altos funcionarios, incluidos ex presidentes de la república.

Gracias al apoyo franco y decidido de ciertos medios, el candidato a Presidente de Alianza PAIS obtuvo altas votaciones, es innegable.

El general Eloy Alfaro Delgado no hubiera llegado al poder jamás si no hubiera sido por las denuncias de diario El Telégrafo sobre negociados del Gobernador del Guayas, que hizo que el pueblo se levante y pueda llegar, al fin,  el  Viejo Luchador (1895).

Así que la familia Delgado le debe mucha gratitud a la libertad de expresión.

Convencido estoy de las expresiones de Carlos Pérez Perasso cuando afirmaba que la función del periodista no es cogobernar.

Creo que el periodismo debe volver a ser una misión y no una ocupación.
* Abogado.