Gratuidad de la educación superior

Estudiantes anuncian marchas

El costo anual por la aplicación del derecho a la educación superior gratuita aún está en discusión. Mientras la Senplades habla de $ 47 millones, la FEUE calcula $ 120 millones y el Conesup, $ 180 millones.

Para resolver el tema y otras discrepancias respecto al mecanismo de aplicación de este derecho, los involucrados crearon una Comisión Técnica.

Marcelo Rivera, presidente de la FEUE, dice que el tema debe resolverse en no más de una semana. “Somos parte de este cambio, apoyamos al Gobierno y estamos seguros de que la gratuidad se cristalizará, de lo contrario, el 30 de octubre nos movilizaremos”, dice.

Advierte que el mecanismo de aplicación de la gratuidad lo debe establecer la Asamblea Nacional, cuando se apruebe la Ley de Educación Superior.

Entre tanto,  el jueves último la ministra de Finanzas, Elsa María Viteri, aprobó un primer desembolso por $ 20 millones.

Tarifas de los pasajes

Congelamiento está en análisis

Mantener congeladas las tarifas de transporte público a cambio de una compensación o subsidio a los transportistas le resultará oneroso al fisco.

Para Napoleón Cabrera, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas, solo para los que operan en Quito se necesitarán aproximadamente $ 360 millones al año. La cifra a escala nacional superaría los $ 900 millones, según cálculos del dirigente.

Los transportistas pugnaban para que el pasaje urbano, que desde hace seis años se valora en $ 0,25, suba a $ 0,42, pero la oferta oficial no superó $ 0,30 y no se logró un acuerdo.

El dirigente sostiene que se trata de un incremento razonable para compensar el encarecimiento de insumos, como los repuestos, en  más del 300%.

En seis meses el tema volverá a ser analizado. Cabrera considera que lo conveniente es establecer un mecanismo de ajuste anual, acorde con la inflación.

Seguridad social

Amas de casa esperan atención

Hace diez años, cuando cumplió 38, Aurora Chica desistió de hacer el trámite para afiliarse al IESS como voluntaria, debido a la serie de requisitos que debía cumplir y a las restricciones para recibir atención médica.

Ahora ella está a la expectativa de que funcione el sistema de afiliación para amas de casa y desempleados, ofrecido por el presidente Rafael Correa, aunque se plantea varias interrogantes, como si tendrá restricciones por su estado de salud, cuánto será el pago mensual y qué porcentaje asumirá.

Según Cordes, en Ecuador hay 1’970.000 amas de casa y 330.000 desempleados. La nueva Constitución indica que serán incluidos en el sistema de seguridad social.

Vicente Albornoz, director de Cordes, hace cálculos. Si por cada persona el Estado asume el pago de $ 35 cada mes, multiplicado por 12 meses, el costo anual asciende a $ 950 millones para los dos grupos.

Jubilación universal

Pensión no será menor a $ 100

Según cifras del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en el país existen alrededor de 900.000 jubilados.

La Asociación Nacional de Jubilados calcula que más de la mitad percibe una pensión jubilar menor a $ 100.

El presidente de la República, Rafael Correa, les prometió implantar el mecanismo de jubilación universal para que nadie reciba menos de esa cantidad.

Para ello tendrá que crear una partida anual de $ 720 millones, con lo cual beneficiaría a 600.000 jubilados.

El incremento de la pensión jubilar, tanto como una mejor atención médica en las dependencias del IESS, es un viejo clamor de los adultos mayores. Cada día ellos deben hacer fila desde la madrugada para conseguir una cita médica.

Hace pocas semanas, en las instalaciones de la Caja del Seguro en Guayaquil, un grupo de jubilados ya realizó su primera huelga de hambre.

Ley de Tránsito

Taxistas piden salida de ‘piratas’

Si hasta el 30 de octubre las autoridades de tránsito no sacan del mercado a los llamados taxis ‘piratas’, los taxistas de color amarillo realizarán una gran marcha hasta Carondelet.

Así lo advierte Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de Taxistas.

“No vamos a permitir que hagan cumplir solo lo que les conviene, sino la nueva Ley de Tránsito completa. Los autos clandestinos tienen que desaparecer”, señala el dirigente.

Si en dos semanas no hay resultados, 60.000 taxistas amenazan con hacerse escuchar.

Aunque no hay estadísticas oficiales, Calderón calcula que en todo el país operan unos 8.000 taxis clandestinos.

“Solo en Pichincha y Guayas tenemos cerca de seis mil ‘piratas’ que pertenecen a cuatro militares y policías pelucones en servicio activo y pasivo”, asegura Calderón.

La Ley de Tránsito está en vigencia desde fines de julio.