La quinta disposición transitoria de la nueva Constitución indica que la Editora Nacional y el Registro Oficial, que están a cargo del Tribunal Constitucional (TC), se fusionarán para convertirse en  empresa pública del Estado.

El presidente del TC, Patricio Pazmiño,  indica que los directivos de ambas entidades  tuvieron acercamientos con funcionarios de la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades), que estará a cargo de la reforma institucional.

La norma constitucional todavía no puede concretarse porque no existe una Ley de Empresas Públicas.

La Senplades  prepara un texto para el órgano legislativo  (sea el Congresillo o la nueva Asamblea Nacional).

Hasta que sea aprobada, la Editora y el Registro seguirán bajo la administración del Tribunal Constitucional.

Pazmiño refiere que ambas entidades requieren una profunda modernización.

La maquinaria de la Editora data de la época de la República Democrática Alemana (1945); trabaja doce horas al día para producir los 1.500 ejemplares que se distribuyen en  el país, pero se avería con frecuencia.

Los repuestos de los equipos son caros porque ya ni siquiera existen en el país que los fabricó, bromea Pazmiño.

En cuanto a la escala salarial de los 43 empleados de esas entidades, el Presidente del TC dice que es “deplorable”. El presupuesto para salarios es de 740 mil dólares.

En la disposición transitoria cuadragésimo tercera de la Constitución de 1998 se dispuso que el Registro Oficial (personal, bienes y presupuesto) pase al TC hasta que se dicte, en un año, la ley para regirlo.

Este cuerpo legal nunca se expidió; de ahí que el R.O. permanece en un limbo jurídico y administrativo, dice Pazmiño.

“La Senplades tiene que darle un estatus respetable al Registro Oficial porque es el periódico del Estado”, advierte.